La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha subrayado en la III Conferencia Mundial sobre el Clima, que se celebra toda la semana en Ginebra, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en los servicios climáticos, así como las capacidades de interpretación y modelización que permitan construir decisiones más sólidas y poder dar respuesta a los riesgos asociados a la variabilidad y cambios climáticos.
La Secretaria de Estado ha recalcado que la toma de decisiones debe estar basada en el mejor conocimiento científico disponible del sistema climático.
Durante su intervención en la Asamblea General manifestó el decidido apoyo a los servicios meteorológicos nacionales y el trabajo desarrollado por la Organización Metereológica Mundial, ya que constituyen un elemento esencial dentro de la estrategia general de adaptación de cada país.
Teresa Ribera ha recordado que para España es una prioridad el compromiso solidario propiciando el trabajo en red, lo que ha cristalizado en los últimos años en una activa cooperación con Iberoamérica en el marco de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático y el Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente. Asimismo, se ha impulsado la cooperación con los servicios meteorológicos de los países del África del oeste.
Finalmente, ha señalado que 2009 representa un reto sin precedentes en este ámbito, ya que en la Conferencia de Copenhague en diciembre, la comunidad internacional deberá sentar las bases de la cooperación multilateral en materia de cambio climático respetando una triple premisa: que el resultado sea eficaz, equitativo y flexible en la integración de esfuerzos.
El Gobierno de España ha apoyado la Declaración Final de la III Conferencia Mundial del Clima, aprobada esta mañana en Asamblea General, para establecer un Marco Global de Trabajo de Servicios Climáticos.
Retos más legislativos más inmediatos
La Unión Europea aprobó el pasado diciembre un paquete legislativo de lucha contra el cambio climático, que incluye reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un ochenta por ciento para 2050.
Aparte del debate interno que existe en la industria de las energías renovables, deseosa de continuar con los apoyos económicos dados por el Gobierno, y que parece que se fueron para no volver, esta temporada se está tratando el asunto de los derechos de emisión.
De hecho, a finales de julio se presentaron sendos Anteproyectos de Ley para la transposición de las Directivas sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono y modificación del régimen de comercio de derechos de emisión.
Se trata de la Directiva 2009/29/CE del paquete de Energía y Cambio Climático, y la 2008/101/CE, que prevé la inclusión de la aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión a partir de 2012.
Respecto al comercio de derechos de emisión, entre las principales novedades introducidas y recogidas en el borrador de Anteproyecto de Ley, cabe destacar:
- La ampliación del ámbito de aplicación a nuevos sectores (químico, aluminio) y gases (N2O – óxido nitroso, determinados fluorados).
- Desaparición de Planes Nacionales de Asignación. El volumen total de derechos del sistema (techo) se determina a nivel comunitario.
- La asignación de derechos queda armonizada a nivel europeo.
- Asignación gratuita para sectores expuestos a "fugas de carbono".
- Los ingresos que se obtengan en la celebración de las subastas podrán destinarse a la lucha contra el cambio climático.
- Se prevé un registro comunitario centralizado de derechos de emisión.
También incorpora aquellas obligaciones de la Directiva 2008/101/CE, que incluye las actividades de aviación en el régimen de derechos de emisión, que no fueron transpuestas recientemente en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2009 relativa al mercado de valores y otras cuestiones afines, que fue aprobada por el Parlamento español el pasado mes de junio.
El segundo Anteproyecto de Ley transpone la Directiva 2009/31/CE sobre almacenamiento geológico de carbono, y tiene por objeto establecer un marco jurídico en la legislación española para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en condiciones seguras para las personas, las instalaciones y el medio ambiente, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
El borrador recoge los elementos básicos del régimen jurídico, como el permiso de investigación y la concesión de almacenamiento, los cuales serán otorgados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio previo informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Será preceptivo también el informe de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el lugar de almacenamiento.
En relación con el funcionamiento, se establece la obligación de realizar un seguimiento continuo de las instalaciones de inyección y del complejo de almacenamiento por parte del titular, y las Comunidades Autónomas llevarán a cabo un sistema de inspecciones rutinarias de las instalaciones.
Se producirá la transferencia de responsabilidad sobre el emplazamiento al Estado cuando se tengan pruebas de que el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado y hayan transcurrido al menos 20 años desde su cierre.
El texto también contempla un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de dióxido de carbono con el objeto de atender los costes de seguimiento, así como aquellos necesarios para garantizar que el CO2 permanece completamente confinado tras la transferencia de responsabilidad.
