El debate de la eutanasia ha vuelto ha aparecer en la esfera pública. Unas veces se inicia espontáneamente y otras, en cambio, como consecuencia de una cuestión principal a cuya sombra adquiere brillo. Esto último es lo que sucede, entre otros casos, cada vez que se plantea el contenido que deben adquirir los derechos de los pacientes, o el alcance que han de presentar los testamentos vitales. Aunque estas cuestiones hayan sido tratadas este viernes por los Presidentes del Gobierno y de la Conferencia Episcopal, no se trata de un tema nuevo.
Ya se quiso apreciar, apenas aprobada la regulación de los testamentos vitales, un anticipo de la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Así lo expusieron algunos grupos parlamentarios durante la tramitación de la ley básica 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. También sucedió durante el período de gestación de las leyes autonómicas que regulaban esta misma materia, sobre todo la catalana y la gallega.
Desde esos posicionamientos se entendió que, con la llegada de los testamentos vitales, el paciente ya podía rechazar o solicitar cualquier tipo de intervención médica. Entre ellas estaría incluida la posibilidad de pedir que se le causara la muerte, ya fuera a través de la eutanasia o del suicidio asistido. Sin embargo, fueron planteamientos rechazados por mayoría en las Cámaras. Quería dejarse claro que la novedad consistía en la forma de declarar, pero no en su contenido que, en todo caso, no podrían incorporar previsiones contrarias al ordenamiento jurídico, o a la «lex artis» sanitaria. Así lo establecen el artículo 11.3 de la ley 41/2002 y las correspondientes normas autonómicas. Por este motivo no será aceptable la petición de la eutanasia ni de la asistencia al suicidio puesto que son conductas delictivas según el artículo 143 del Código penal. Al mismo tiempo, son contrarias a la deontología médica.
A ello se añade que el Tribunal Constitucional ha declarado que, aunque una persona pueda disponer tácticamente de su propia vida, esto no significa que sea titular de un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para conseguir que su vida dé fin (SSTC 137/1990, FJ 5, y 120/1990, FJ 7).
No obstante, no puede extrañarnos que se aprovechen distintas ocasiones para plantear la despenalización de la eutanasia. Si cruzamos los Pirineos, encontraremos que Francia aprobó en el año 2005 la reforma de su Código de la Sanidad Pública. El objeto principal era regular los derechos del paciente en el fin de su vida. Algunos sectores quisieron aprovechar la ocasión para conseguir la despenalización de la eutanasia que era, como lo sigue siendo, un delito. La Asamblea Nacional rechazó esta iniciativa por amplia mayoría. Entendió que entrañaba riesgos como la introducción de la muerte en la Sanidad, cuando precisamente es contra lo que ésta luchaba. Asimismo, en su solicitud intervendrían consideraciones económicas, hospitalarias, familiares e ideológicas, sin relación con la angustia y desamparo del solicitante -que es en lo que se basaban los solicitantes de la despenalización-. Por otra parte, desconocía la capacidad relacional del ser humano y la comunicación interpersonal sobre la que se basa la posibilidad misma de nuestra vida en sociedad.
La Asamblea Nacional ha entendido que la solución a los problemas del enfermo que sufre no se encuentra en causarle la muerte cuando lo solicite, sino en adoptar una actitud de carácter más positivo. Se trata de desterrar el miedo al dolor a través de otras medidas como la garantía al acceso a los cuidados paliativos y mediante el acompañamiento del paciente en esos momentos. Así lo establecen los artículos 1110-5 y 1110-10 del reformado Código de Sanidad Pública. En definitiva, se ha optado por entender, como exponía el Ministro de Sanidad de Francia Douste-Blazy en la asamblea Nacional, que "une mort digne est possible sans recourir à l'euthanasie".
Éste ha sido el criterio francés. Veamos si España continúa esta línea que, por lo demás, no es distante de la mantenida hasta ahora en nuestro territorio.
