Thomson Reuters y Vegas Nieto Abogados Corporate Compliance organizaron el pasado 16 de octubre una jornada formativa de máxima actualidad donde se trataron cuestiones prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance.
Se contó con la presencia de Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, e Ignacio Vegas Nieto, director fundador del Bufete Vegas Nieto Abogados. Velasco puso en común los retos y exigencias a los que se enfrentan los especialistas del Compliance. Bajo el título Cuestiones Prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance, abordó:
- Fundamento de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
- Niveles de responsabilidad penal del Art. 31 bis 1 del Código Penal.
- Diferencias entre los dos niveles de responsabilidad.
- El papel de los socios.
- Implantación con eficacia de los modelos de Compliance del Art. 31 bis 5 del Código Penal.
- Modelos de organización y gestión del Compliance: más allá de los códigos éticos.
Velasco destacó que, según una estadística de 2015 a 2019, se han localizado 51 sentencias, casi todas condenatorias, sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en las AP, AN y los TSJ. 23 son por delitos contra la Hacienda Pública, estafa en 9 casos, 3 condenas por blanqueo de capitales, delito ecológico, delito de contrabando, delito urbanístico, insolvencia punible. 2.415 millones de euros se han recaudado por las multas a personas jurídicas.
Por su parte, Ignacio Vegas Nieto trató La Responsabilidad personal de los Administradores frente a los Socios por la no Implantación del Compliance:
- Situación actual de las acciones de responsabilidad a que puedan estar sometidos los administradores por los socios.
- Especificidades de estas acciones anteriores en relación con el Compliance.
- Obligatoriedad formal o jurídica del Compliance en las empresas.
- Aseguramiento contractual de la responsabilidad civil de los administradores.
A juicio de Vegas Nieto, dos sentencias de 2018 del TS dicen respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que "una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento penal que garanticen este tipo de hechos y que no se cometan o dificulten su comisión".
