El Defensor del Pueblo ha hecho público, un año más, su Informe. Entre la amplia variedad de asuntos tratados en los miles de expedientes que anualmente son gestionados en la Institución, de muy diferente entidad, figura la Justicia. El Informe trasluce el sentir general de la sociedad, que es de no correlación entre medios y fines. Los expedientes se van amontonando, y Jueces y Magistrados van despachando. ¿No sería hora de estudiar la litigiosidad?.
El Informe del Defensor del Pueblo constata, una vez más, que la Justicia no es todo lo ágil y todo lo eficaz que se le pide.
En el mes de mayo de 2008, se hizo público un informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, sobre la situación general de la pendencia en los juzgados penales y de ejecutorias de España, con análisis detallado de cada uno de los juzgados penales especializados en ejecutorias. Tal informe cifraba en 269.450 las sentencias de lo penal pendientes de ser aplicadas en España, basándose en los datos recabados en los juzgados de lo penal ordinarios y los órganos especializados en esta materia de Madrid -salvo el número 28 de Madrid, debido a su reciente fecha de creación-, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián (las seis ciudades que cuentan con estos juzgados especializados).
Según razona el Informe del Defensor del Pueblo, de las sentencias pendientes, en siete de cada diez, su ejecución se tramitaba ante los juzgados de lo penal y las tres restantes correspondían a los juzgados especializados en ejecutorias, que representan el 5,9 por ciento de todos ellos.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estimó que la pendencia se situaba en niveles por encima de lo deseable aun cuando resaltó que la cifra de asuntos "pendientes de ejecución", respondía tanto a los asuntos en trámite de ejecución, como a aquellos que estaban a la espera de ser ejecutados y a los que, por la naturaleza de la pena impuesta, determinan una ejecución prolongada en el tiempo.
Asimismo, –sigue el informe del Defensor del Pueblo– se pudo conocer que la Comisión Permanente había acordado remitir dicho informe a la Comisión de Organización y Modernización Judicial para el análisis e impulso de las medidas que se proponían en el informe -en orden al mantenimiento de los actuales planes de refuerzo y su ampliación a otros órganos judiciales- y encomendar al Servicio de Inspección la realización de un seguimiento a los órganos judiciales reflejados en el informe, con dación de cuenta periódica a la Comisión Permanente sobre su resultado.
También se acordó la remisión del informe al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Está estimado que cada funcionario puede, potencialmente, llevar el control de 100 ejecuciones. Sin embargo, cada uno de ellos tramita más de 200.
Es patente que hay un desequilibrio entre fines y medios, y que todas las instituciones estén con ello. Las soluciones son casi intuitivas: más Jueces, más Secretarios y más personal. Medios informáticos y comunicación. ¿Se pasará en algún momento del análisis a la acción?
