El Consejo de Ministros acordó ayer prorrogar de manera temporal la vigencia de la norma que fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para 2020, en 950 euros por 14 pagas. El Ejecutivo también aprobó medidas para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva situación generada tras el fin del periodo transitorio y la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea. Además, presentó el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’.
La prórroga del SMI tiene carácter temporal hasta que el Gobierno y los agentes sociales fijen un nuevo SMI para 2021 en el marco del diálogo social. Con esta decisión, el Ejecutivo afirma que da “seguridad jurídica y continuidad a la función SMI como garantía salarial mínima para las personas trabajadoras”.
Durante su comparecencia para hacer balance de su primer año de gestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que desde 2018 del SMI se ha incrementado un 29 % en un escenario de baja inflación: «Ningún país ha abordado una subida tan intensa en dos años». Además, Sánchez reiteró su compromiso con que el SMI alcance el 60 % del salario medio en España al final de la legislatura.
Adaptación a la retirada de Reino Unido de la Unión Europea
El Gobierno ha aprobado acciones normativas, logísticas e informativas para adaptar el ordenamiento jurídico español a la situación creada como consecuencia de la retirada definitiva de Reino Unido de la Unión Europea. Estas medidas, sumadas a los trabajos de preparación ante el Brexit, “permitirán a España afrontar en mejores condiciones los cambios que se producirán en su relación con el Reino Unido a partir del próximo 1 de enero de 2021”. Las iniciativas se orientan a tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos. Tienen carácter temporal, estarán vigentes hasta que transcurra el plazo que en cada caso se indica, o antes, si se adoptan -a nivel interno o internacional- instrumentos para regular con carácter permanente las relaciones con el Reino Unido.
Instalación de plantas renovables
El Ejecutivo ha establecido un nuevo proceso de concesión de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, paso previo y necesario para instalar nuevas plantas de energías renovables.
Según el Gobierno, la nueva norma “elimina ineficiencias y comportamientos especulativos y favorece el despliegue ordenado de renovables”. Junto al nuevo mecanismo de subastas de energía renovable, completa el marco normativo en España en la próxima década, impulsando la recuperación económica y la generación de empleo. El criteriogeneral para otorgar derechos de acceso y conexión será la prelacióntemporal. El texto concreta que la potencia instalada para las plantas fotovoltaicas será la menor entre la potenciapico y la del inversor. Además, se regula el almacenamiento y se simplifican los trámites en apoyo a la hibridación.
