El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde al Gobierno para que eleve al Tribunal Constitucional (TS) dos normativas que considera incompatibles con la legislación estatal.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se impugnará tanto la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja como el protocolo de menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias.
LEY DE MEDIDAS FISCALES DE LA RIOJA
En el caso de La Rioja, el Ejecutivo argumenta que los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja atribuyen competencias que son exclusivas del Estado y de la Unión Europea. A juicio del Gobierno, ese artículo «resulta incompatible con las bases estatales», según ha trasladado Torres en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
El ministro ha indicado que se recurre porque «pudiera incluso tener riesgo de correcciones y de afección también económica», tras el dictamen del Consejo de Estado, al ser «un artículo de carácter nulo y también fuera de la Constitución».
Un recurso de inconstitucionalidad, ha precisado Torres, que llega después de que se activara «en su momento» el mecanismo de negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo de La Rioja, gobernado por el PP, pero «no fue posible el acuerdo», ha indicado.
«Por tanto, estamos abocados a solicitar este recurso al Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto ese artículo específico lo que traslada es que se pueda tramitar por parte de la comunidad y de urgencia los contratos que tengan que ver con la ejecución de gastos relativos a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, de fondos europeos», ha puntualizado.
PROTOCOLO DE MENORES MIGRANTES DE CANARIAS
Del mismo modo, el protocolo de menores migrantes de Canarias también será impugnado ante el TC.
El Consejo de Ministros ha dictaminado que «existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley al Tribunal Constitucional los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de consejo de gobierno y el protocolo».
El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que han aprobado un acuerdo en el que se plantea «impugnar las disposiciones de fuerza de ley tomadas por el gobierno de Canarias: un acuerdo de consejo de gobierno de 2 de septiembre y un protocolo aprobado y publicado posteriormente en relación con los menores extranjeros no acompañados»; y ha leído algunas partes del dictamen urgente del Consejo de Estado sobre el protocolo acerca de los menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, pedido por el Gobierno ante «un posible conflicto de competencias».
En cuanto al dictamen, según la lectura del ministro, el Consejo de Estado señala que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad» de estos inmigrantes así como «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos» no son circunstancias que «permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir».
Además, Torres ha puesto de relieve que, aunque el Consejo de Estado precisa que las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, «no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados».
Además, ha añadido que el Consejo de Estado ha destacado que, en el caso concreto de los menores extranjeros no acompañados que hayan entrado de forma irregular en España, «existe una obligación de protección y asistencia» por parte de las instituciones públicas del Estado pero recuerda que esta obligación del Estado «se encuentra sometida a las reglas de distribución de competencias del ordenamiento interno».
En concreto, Torres ha puntualizado que en España dicha obligación corresponde «a las entidades públicas autonómicas de protección de menores». «Esto deja claro el aspecto competencial», ha remarcado el ministro.
- Una vulneración del derecho a protección
Sobre la constitucionalidad de la decisión del gobierno canario de suspender la recepción de los menores extranjeros no acompañados que hayan sido recogidos por las autoridades estatales en el mar o interceptados en la frontera, el Consejo de Estado dice que «las razones aducidas por el gobierno canario para la adopción de esta medida, siendo comprensible y acorde con la realidad de las cosas, en modo alguno pueden servir para justificarla» y añade que «constituye» una «vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física».
Con respecto al protocolo territorial canario, que exige que la entrega de los menores a los servicios públicos autonómicos de protección venga precedida de una resolución administrativa individualizada, el Consejo de Estado indica que «estas exigencias no se encuentran contempladas en la normativa estatal de extranjería en ninguno de los supuestos mencionados».
Así, dictamina que «tanto si la minoría de edad es indubitada como si existen dudas acerca de la misma las entidades públicas autonómicas de protección de menores del lugar de localización deberán hacerse inmediatamente cargo de los mismos sin que puedan rehusar o demorar su recepción». Tampoco considera que la «eventual ausencia de plazas» pueda ser «invocada por las autoridades autonómicas para rechazar la entrega de los menores».
Sobre la impugnación de estos acuerdos administrativos, el Consejo de Estado añade que «la violación del orden constitucional en que incurren tales actuaciones no se limita al ámbito puramente competencial y encierra también una vulneración de los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono».
Además, según ha señalado Torres, el Consejo de Estado concluye con «existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley al Tribunal Constitucional los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de consejo de gobierno y el protocolo» recientemente publicado.
Torres ha destacado que «el dictamen del Consejo de Estado es claro con respecto a las competencias» y «sobre la inconstitucionalidad con respecto a esos acuerdos tomados por parte del gobierno de Canarias» pero, en cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno de España seguirá trabajando para la modificación del artículo 35 que, a su juicio, «es lógicamente la solución» para que «los menores que lleguen a los territorios fronteras sean distribuidos por el conjunto del territorio español», algo que les «parece justo».
