"El juez precisa sentir el respaldo de los ciudadanos para que su función sea respetada y sentida como propia por todos", recordó Carlos Dívar.
Ayer se desarrolló la solemne Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido y el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, dirigieron sendos discursos a los numerosos asistentes desde una mesa encabezada por el Rey. Carlos Dívar hizo un crítico análisis acerca de la situación en la que a veces se pone al Juez en la sociedad, “que es, a mi juicio, un tema presente en el debate público con fuerza suficiente para justificarlo y para recordar los principios sobre los que se sustenta el ejercicio de la jurisdicción”.
Carlos Dívar y Cándido Conde-Pumpido pronunciaron ayer dos discursos de muy diferente cariz, ambos iluminadores de la actualidad de la Justicia.
Por una parte, el Fiscal General del Estado recordaba el ideal de la igualdad ante la Ley, la importancia del ciudadano en democracia, el avance y la homologación europea que supondrá la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, la modernización y las cifras desbordantes de litigios.
Dívar, sin embargo, prefirió centrar sus palabras en "la legitimidad de origen de los jueces y de la del poder que ejercen, y de su legitimidad de ejercicio; y, asimismo, de las razones por las cuales no es correcto poner en cuestión la primera y de los riesgos que corre la segunda cuando la idea que la sociedad tiene de la labor de los jueces no se ajusta siempre a la realidad cotidiana del quehacer jurisdiccional".
Entre los numerosos asistentes estuvieron los Vocales del Consejo General del Poder Judicial; la Presidenta y los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Ministro de Justicia, miembros del Ministerio Fiscal, Portavoces parlamentarios de Justicia, Consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas, representantes de los Consejos Generales de la Abogacía, de los Procuradores de los Tribunales, y de Colegios de Graduados Sociales de España; una representación de las Asociaciones Judiciales, y miembros del Secretariado.
Respecto al eco que en la sociedad tienen decisiones de la Justicia, Dívar afirmó que "la insatisfacción o el descontento provocados por la actuación de los tribunales en casos concretos, por las insuficiencias de nuestro sistema judicial, no imputables al Juez o a los funcionarios de Justicia en todos los casos, o por la falta de eficacia en la respuesta del estado de derecho frente a concretos actos contrarios a la ley, a veces trascienden el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de Juez".
Memoria de la Fiscalía General del Estado
La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2009 se presentó ayer. Conforme a la misma, en el año pasado fueron incoadas por los órganos judiciales territoriales (es decir, con exclusión de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional) un total de 4.750.913 procedimientos por delito de los que 4.520.233 lo fueron como diligencias previas y 230.680 como diligencias de enjuiciamiento rápido.
Esta cifra, comparada con la obtenida por igual concepto en el año 2008, que ascendió a 4.680.449 causas -4.460.666 diligencias previas y 219.783 diligencias de enjui- ciamiento rápido- permite hacer una primera valoración según la cual el volumen total de nuevos procedimientos registrados en el año se ha incrementado en un porcentaje conjunto del 1,5 por 100, que se concreta en un total de 70.464 nuevas causas más por delito que en el periodo anual precedente. Al respecto, el Fiscal General del Estado comentó que el trabajo "sigue siendo mucho, aunque haya crecido menos. El dato favorable de un 1,5 por ciento de incremento en el número de procedimientos por delito, frente al 3,57 del año anterior no atenúa en la perspectiva analítica del Ministerio Público la preocupación".
Siguió Conde-Pumpido deseando que "el intento -quizá inviable- de abarcar todo el trabajo que podamos llegar a tener sea racionalmente sustituido por el objetivo de que la Justicia Penal actúe sólo, pero con plena eficacia, en el terreno que le es propio". En este punto, el Fiscal General del Estado mostró su esperanza de que "la tarea, ya en marcha, de revisión de la planta judicial y reforma del proceso penal conduzca, por la vía de la proporcionalidad y la eficiencia, y con el consenso de todos, a hacer tangible el propósito de que nadie tema que su causa sea olvidada y nadie espere una ventaja o un privilegio".