El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes durante una intervención ante el Pleno del Senado que el Ministerio del Interior sólo podrá ordenar la intervención de comunicaciones sin la autorización previa de un juez en casos «excepcionalísimos» y urgentes que tengan relación con la comisión de determinados delitos.
En respuesta a una pregunta formulada por la senadora de CiU María Rieradevall, Catalá ha precisado que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) pretende "perfilar y mejorar la legislación vigente" en este aspecto. "¿No querrá atar de pies y manos a quienes luchan contra la delincuencia?", ha preguntado a la senadora catalana.
La reforma de la norma establece que el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad podrán acordar la intervención de las comunicaciones "en casos de urgencia" sin necesidad de contar con la autorización previa de un juez. La nueva norma establecerá que ambos altos cargos del Ministerio podrán ordenar que se practiquen escuchas, que deberán comunicar en 24 horas desde su inicio al magistrado. Éste contará con un plazo de 72 horas para revocar o confirmar la actuación.
El ministro ha agregado que CiU puede estar "bien tranquilo" respecto a las garantías de la legislación promovida por el Gobierno respecto a los derechos humanos. "Pretendemos que los jueces y fiscales puedan trabajar con herramientas similares a las que se cuentan a nivel internacional", ha agregado.
Rieradevall ha calificado, por su parte, la posibilidad de que Interior intervenga las comunicaciones como una "inquietante violación e los derechos fundamentales" y ha asegurado que Justicia "le está haciendo el trabajo sucio" al Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz.
Catalá también ha defendido la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el anterior titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y ha precisado que no encuentra en ella "amenazas a las libertades y los derechos".
Seguridad ciudadana
En respuesta a una segunda pregunta, formulada en este caso por la senadora socialista María Victoria Chivite, el ministro ha acusado al PSOE de atacar al Ejecutivo con "lugares comunes y eslóganes".
"¿Qué les preocupan, que no vayan ciudadanos encapuchados a las manifestaciones?. Estaríamos cercanos a encontrar puntos de acuerdo situaran sus prioridades, las identificaran y las colocaran en el interés general y no en el partidista", ha concluido. Por su parte Chivite ha acusado al Gobierno de no querer "una sociedad madura, crítica y libre sino callada y temorosa".
