Se va a revisar el sistema de Justicia Gratuita para hacerlo más eficiente y "se comprobará la existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude". Se convocarán oposiciones de ingreso a 30 plazas de la carrera judicial y 20 de la carrera fiscal.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó ayer en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014. En el marco de la política económica del Gobierno de lograr el crecimiento económico y la consolidación fiscal, y de las reformas estructurales que se están llevando a cabo en el sistema de Justicia, las dotaciones que para el ejercicio de 2014 se asignan a la política de justicia ascienden a 1.500,75 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,7 por ciento sobre el ejercicio de 2013. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluyendo el Centro de Estudios Jurídicos, se cifra en una dotación inicial de 1.442,80 millones de euros, y la del Consejo General del Poder Judicial en 57,96 millones de euros.
Durante el ejercicio 2014, los objetivos marcados se van a materializar en el desarrollo de las cuatro líneas estratégicas definidas al inicio de la Legislatura: regeneración institucional a través de reformas estructurales de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial; reformas organizativas creando vías alternativas a la resolución de conflictos; reformas legislativas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la Víctima, el nuevo Código mercantil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria; y por último, las reformas orientadas a la modernización de la justicia.
Estas líneas estratégicas se van a hacer efectivas en las actuaciones previstas en el Plan de Acción de la Administración de Justicia 2012-2014, que bajo la premisa de contención del gasto y aprovechamiento de sinergias y recursos, está cumpliendo con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia para la presente Legislatura, en cuanto a la agilización de la Administración de Justicia, eficacia en la gestión, modernización del modelo organizativo y mejora de las infraestructuras tecnológicas. Este Plan se estructura en cuatro programas:
- Programa 1: Organización de la actividad judicial, cuyo objetivo es mejorar la eficacia de la organización y la actividad judicial mediante la implantación de nuevas estructuras organizativas, como las nuevas oficinas judicial y fiscal.
- Programa2:Infraestructura tecnológica y servicios de la actividad judicial, que busca, mediante la estandarización de los sistemas ya existentes en la Administración de Justicia, la actualización y mejora de sus estructuras.
- Programa 3: Cooperación entre servicios de la actividad judicial, que tiene como objetivo garantizar la convergencia de las aplicaciones y sistemas de todos los operadores jurídicos asegurando su plena interoperabilidad.
- Programa 4: Procedimientos de gestión de la Administración de Justicia, que nace con la finalidad de mejorar y modernizar los procedimientos de gestión de la actividad judicial.
Una de las reformas más importantes que se está abordando en aplicación de este Plan es la relativa a la modernización tecnológica de los sistemas de información y comunicación al servicio de la Administración de Justicia, que se impulsará a través de una plataforma informática que garantice la interoperabilidad y la compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, frente a los ocho actualmente existentes con notables dificultades de entendimiento entre ellos. A este fin, se ha aprobado el Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, cuya constitución se alinea con la estrategia de racionalización de estructuras, procedimientos y recursos del programa de reformas del Gobierno, que lleva a cabo la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, a la que ofrecerá la información precisa sobre sus actuaciones. Este Comité Técnico se configura como una de las piezas esenciales para la consecución de los objetivos establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, en orden a la interoperabilidad de las distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia de modo que, en este contexto, dicho órgano ostentará la dirección, coordinación, impulso y competencias para desarrollar el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.
Para implantar las nuevas tecnologías, introduciendo mayores dosis de racionalidad en la gestión, se destinan 43,3 millones de euros.
Entre las medidas dirigidas a la racionalización y mejora de la eficacia del sistema de justicia hay que destacar las que se refieren a la organización, división y especialización de las funciones de las personas que trabajan en él, de acuerdo con los modelos previstos para la constitución de las nuevas oficinas judicial y fiscal. Esta modernización de la gestión se hará mediante un sistema común y homogéneo con la flexibilidad necesaria para que se adapte a las características de cada Juzgado o Tribunal, y la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Otras medidas encaminadas a la misma finalidad durante el ejercicio 2014 son la convocatoria de oposiciones de ingreso a las carreras judicial y fiscal, para dar cabida a 50 nuevos aspirantes, 30 plazas de la carrera judicial y 20 de la carrera fiscal, y su posterior ingreso en la Escuela Judicial y Centro de Estudios Jurídicos. Con esta medida el Ministerio de Justicia pretende fomentar las posibilidades de refuerzos y dar continuidad a los procesos de selección. Otro factor a tener en cuenta en este sentido es la incorporación, a lo largo del ejercicio 2014, de 204 nuevos jueces procedentes de la Escuela Judicial.
Los gastos de personal con los que se dota a esta política alcanzan en el ejercicio 2014 los 1.227,02 millones de euros.
Dentro del proceso de reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia es necesario señalar las actuaciones enfocadas a la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, que va a centralizar todos los datos de trascendencia jurídica de la persona ofreciendo al ciudadano una información rápida y veraz sobre las cuestiones relativas a su estado civil. Se establecerá una base de datos pública a nivel nacional que permita pasar del actual modelo orientado a hechos al nuevo modelo orientado a personas. La interoperabilidad de los sistemas entre organismos e instituciones y de la información contenida en los distintos servicios registrales, internos y externos, permitirá mejorar de forma definitiva la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. ¿Sabe que hay proyecto de entregar el Registro Civil a los Registradores?
Para afrontar todas estas reformas y las actuaciones competenciales de los Registros Vinculados con la Fe Pública, las dotaciones presupuestarias asignadas en 2014 alcanzan los 24,46 millones de euros.
Dentro de las dotaciones que financian el gasto social destacan por su importancia las destinadas a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita. A esta finalidad se asignan 34,15 millones de euros. Este servicio se va a reforzar en colaboración con las comunidades autónomas garantizando la sostenibilidad del sistema de asistencia jurídica gratuita. Al mismo tiempo, se va a revisar el propio sistema para hacerlo más eficiente y se comprobará la existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude. ¿Sabe que el Ministro ha dicho que la Justicia Gratuita se puede extender gracias a las Tasas?
Otra de las líneas básicas de actuación es la de garantizar, a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a estas víctimas, incluida la orientación jurídica específica, y en el caso de las víctimas de violencia doméstica la asistencia psicológica y social. Para afrontar los gastos destinados a estas finalidades se asignan dotaciones por un importe de 1,18 millones de euros.
Asimismo, es objetivo de esta política dotar a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para un funcionamiento ágil y eficaz, de acuerdo con las funciones de servicio público y atención a los ciudadanos que constitucionalmente tienen asignadas. Para ello, durante el ejercicio 2014 continuará la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio sede de la Audiencia Nacional, así como de las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Soria, previas a la intervención integral prevista para ejercicios futuros, y se entregarán los proyectos de Valladolid, Badajoz, Ibiza y Guadalajara. Además, se continuarán desarrollando planes de optimización de los espacios disponibles, adecuando y gestionando los edificios, e incorporando todas aquellas medidas que permitan obtener un adecuado ahorro energético. El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza la cifra de 18,25 millones de euros.