El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido este miércoles ha presentar en el Congreso el proyecto de Ley de custodia compartida «en las próximas semanas». Según ha señalado, su departamento se encuentra estudiando el informe «complejo y amplio» que fue remitido al Ejecutivo «el pasado mes de julio» tras pasar por «todo el proceso de dictámenes e informes».
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, Catalá ha sido cuestionado por el diputado de UPyD, Antonio Cantó, quien le ha recordado que el Gobierno lleva "dos años de retraso" en la elaboración de esta norma y le ha recordado que el pasado mes de agosto obtuvieron la misma respuesta en una pregunta escrita, cuando el informe había llegado al Ejecutivo "dos semanas antes".
"Espero que comprenda mi escepticismo porque, a menudo, han incumplido su palabra. Lo han hecho con la Ley del aborto, lo han hecho cuando dijeron que iban a trabajar por la independencia del poder judicial y ahora con esta ley", ha declarado Cantó.
Por su parte, Catalá ha insistido en que se trata de un proceso "complejo" en el que los cambios realizados al anteproyecto están "asociados a las transformaciones de la sociedad española y también a la jurisprudencia" porque, ha recordado, no se puede "olvidar lo que han dicho el TS y el TC en torno al informe vinculante de la Fiscalía en torno a la preferencia o no, o la excepcionalidad o no, de la custodia compartida".
"En todo caso lo que debe prevalecer es el superior interés del menor y el enfoque estará en que la guardia y custodia monoparental o compartida puedan estar establecidas en carácter de igualdad, en función de las circunstancias, porque es muy difícil desde el código civil establecer con carácter general cuáles son las reglas", ha explicado el ministro, para añadir que "hay circunstancias subjetivas particulares en cada caso" de manera que lo que busca su departamento es elaborar "un marco mínimo común".
Del mismo modo, ha recordado que deben observar cómo han regulado esta cuestión algunas comunidades autónomas con competencia en materia en derecho civil propio y también los cinco países de la UE que han regulado esta materia.
