El Tribunal Supremo elaborará a lo largo de las próximas semanas un documento único con su visión sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial auspiciada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón que previsiblemente incluirá importantes críticas a la reforma, como las referidas al carácter vinculante con el que se dotará a determinada jurisprudencia de este órgano. La Sala de Gobierno debatirá sobre este informe el próximo 19 de mayo, y su resultado se remitirá al Consejo General del Poder Judicial.
El calendario de trabajos se ha elaborado durante la sesión de la Sala de Gobierno del pasado jueves. A mediados de mes este órgano espera contar con los análisis elaborados por las distintas Salas, que se intercambiarán en una sesión fijada para el día 13, y siete días después se deliberará sobre el contenido del texto que se remitirá al órgano de gobierno de los jueces, que lo requirió de cara a la elaboración de su informe preceptivo.
Por el momento, numerosos magistrados del Tribunal Supremo critican abiertamente algunos aspectos de la reforma auspiciada y esta postura se ha puesto de manifiesto tanto en el Pleno que celebró a principios de esta semana en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal como en el sondeo realizado a tal efecto por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra.
Dudas de constitucionalidad
Los más críticos manifiestan dudas de constitucionalidad sobre la dotación de un carácter vinculante a parte de su doctrina, puesto que supone crear una nueva fuente de derecho además de una jurisprudencia de dos velocidades, la de aplicación obligatoria y la no vinculante.
Según el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, cada tres meses el Pleno de cada Sala deberá decidir cuál es su jurisprudencia vinculante y ésta se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
A lo largo del debate celebrado esta semana, la Sala Tercera también ha manifestado sobre el hecho de que este carácter vinculante de la jurisprudencia pueda afectar a la independencia judicial, puesto que según la Constitución los jueces están únicamente sometidos al imperio de la Ley.
Otros puntos de la nueva Ley como la atribución de la instrucción penal, en determinados casos, a un tribunal integrado por tres jueces y la creación de los tribunales de instancia han sido analizados pero con menor profundidad, por no tratarse de asuntos que incidan directamente en la labor de la Sala Tercera del Supremo, según las mismas fuentes.
También se ha criticado en esta Sala supresión de las categorías judiciales previstas en la reforma, por entender que puede suponer también un ataque a la independencia de los jueces.
