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19/08/2022. 04:54:30

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España y Emiratos Árabes establecen un marco de cooperación judicial

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Ayer, en la sede del Ministerio de Justicia, los responsables de la cartera de España y Emiratos Árabes Unidos firmaron tres convenios gracias a los cuales se establece la colaboración en asistencia judicial, traslado de personas condenadas y extradición. Francisco Caamaño, y Hadef Bin Jouan Al Dhaheri, fijan, de este modo, un escalón más hacia una Justicia sin fronteras, ahora que pocas cosas las tienen.

Francisco Caamaño, y Hadef Bin Jouan Al Dhaheri en el momento de la firma

En un mundo globalizado, la cooperación judicial avanza cada día, afortunadamente. En la Unión Europea la red crece y se fortalece a pasos agigantados, a pesar de las reticencias de los Gobiernos, que se resisten a ceder parcelas soberanas.

Fuera de la Unión Europea, hemos ido dando noticia de acuerdos con Hispanoamérica y Marruecos.

Convenio de asistencia judicial en materia penal

Con la firma de este convenio se facilita y mejora la seguridad jurídica y las garantías durante los procesos de investigación, persecución y procedimientos en materia penal. En el texto se recoge la forma de comunicación entre las autoridades en la asistencia judicial en materia penal, la documentación requerida, los requisitos formales y procedimentales, la confidencialidad de la solicitud, la distribución de los gastos y las distintas especialidades de la asistencia.

El convenio prevé en los artículos finales el respeto por los otros acuerdos internacionales que sean de aplicación, la solución de controversias y otros aspectos formales del mismo.

Convenio de traslado de personas condenadas

Con el convenio sobre el traslado de personas condenadas se trata de incrementar la cooperación, para así facilitar y mejorar su seguridad jurídica y las garantías en el traslado, facilitando su reinserción social. Asimismo se prevén las condiciones para el traslado y se regula el seguimiento de la ejecución de la condena.

Convenio de extradición

Mediante este convenio, se trata de facilitar y mejorar la seguridad jurídica y las garantías durante el proceso de detención y entrega en el país requerido de sujetos que van a ser procesados en el país requirente. Además de las normas generales, en el texto se recogen los delitos que dan lugar a extradición y los casos en los que esta solicitud de extradición será denegada de forma automática o bien facultativa por el Estado requerido. Como causa de denegación de la extradición se recoge expresamente la falta de garantías de que la pena de muerte no será aplicada  a la persona extraditada.

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