Las profesiones jurídicas se pelean por tener competencias en los cambios que cocina Gallardón. El Notariado ha dicho al Ministro que los ingresos de las notarías han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por cierto.
Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la propuesta del ministro de Justicia de promover las reformas oportunas para que las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo puedan ser realizados por los notarios y tras la reunión de ayer entre Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, el CGAE quiere poner de manifiesto que el ministro de Justicia aseguró que dicha reforma no afectaría a la preceptiva intervención del abogado en este tipo de procesos.
A la espera de conocer con precisión y de forma pormenorizada el contenido y alcance de esta anunciada reforma, el Consejo General de la Abogacía quiere trasladar a la opinión pública su posición sobre esta propuesta:
1. Mostrar su apoyo a cualquier medida que, de forma racional, sirva para descongestionar los órganos judiciales y agilizar la Administración de Justicia.
2.Insistir en la necesaria y preceptiva intervención de los abogados en los procesos de separación y divorcio de mutuo acuerdo, independientemente de que se tramiten en sede judicial o en oficina notarial.
3.Resaltar la importancia que supone para los ciudadanos contar con el asesoramiento jurídico especializado de los abogados en todos los procesos o conflictos de índole matrimonial.
Los notarios se han ofrecido
Los responsables del Notariado, tras felicitar al Ministro por su reciente nombramiento y en línea con lo que el titular de Justicia ha propuesto en varias comparecencias, le han informado de la disposición de los notarios para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación, tanto para prevenir futuros conflictos que pudieran derivar en la vía judicial, como para contribuir, en la medida de lo posible, a descongestionar los tribunales.
También le han reiterado la importancia de que se reconozco por Ley el control de legalidad que ejercen los notarios, cuestión que puso en tela de juicio el Tribunal Supremo en una sentencia de 2008, al anular varios preceptos de la reforma del Reglamento Notarial aprobada en 2007.
Por último le han informado de la difícil situación que atraviesan las notarías española, gravemente dañadas por la crisis económica, lo que afecta a los 3.000 notarios españoles y a los más de 16.000 empleados que trabajan en ellas. Los ingresos de las notarías han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por cierto, por lo que, si no se adoptan medidas, podría ponerse en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se financia íntegramente con los aranceles notariales que pagan los usuarios del mismo, sin cargo alguno para los presupuestos del Estado.
