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15/08/2020. 04:19:04

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Gallardón defiende en el Congreso que los presupuestos de Justicia se apoyen en la subida de tasas

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PSOE, UPyD e Izquierda Plural le recuerdan la congelación de plazas de jueces y fiscales este año. En la tribuna del Congreso el Ministro ha planteado quién debe pagar un servicio público, si todos los contribuyentes o sólo quien lo usa.

El aumento de tasas judiciales ha sido el argumento principal del debate de aprobación del los Presupuestos para Justicia 2012 ayer en el Congreso de los Diputados, junto con la no convocatoria de plazas de jueces este año. Una subida de tasas desde luego polémica que busca no sólo ingresar dinero al Estado, sino persuadir de acudir a los tribunales como medio “espontáneo” ante un litigio. No en vano se está promocionando como nunca la mediación como modo de resolución de conflictos.

Sobre un fajo de billetes de 100 euros y maza de justicia

¿Quién tiene que pagar un servicio como la Justicia, todos o quien la usa? "Seguramente, ninguna respuesta categórica en uno u otro sentido será la acertada y menos en el ámbito de la Justicia que tiene que ver con la convivencia y la competitividad del país", ha contestado Gallardón a la pregunta que él mismo se planteaba desde la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados ayer. De todas maneras -abundaba- hay que encontrar "un punto de equilibrio" que pida "un esfuerzo razonable a quien más directamente se beneficia de dicho servicio en un momento determinado".

¿De qué está hablado?

El Ministro se refiere a esta subida de tasas

ORDEN CIVIL

ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ORDEN SOCIAL

Acerca de la subida, el Ministro señaló que "Lo que hace ahora el actual Ejecutivo no es sino revisar el sistema de tasas mencionado, vigente, como digo, desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, posteriormente ampliado por los Gobiernos socialistas, y puesto al día en el Anteproyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses".

De este modo, según Gallardón, "se actualizan, por tanto, las tasas ya existentes para la primera instancia en el orden civil y en el contencioso- administrativo; y se aplican, sólo en la segunda instancia, en el orden social; y lo más importante es que todos esos recursos se destinarán a garantizar la sostenibilidad del sistema de Justicia Gratuita, propósito especialmente necesario en un momento de crisis económica y social como el que vive y tiene que superar nuestro país".

En consecuencia, todas las personas a las que se reconoce la asistencia jurídica gratuita seguirán estando exentas del pago de la tasa, la cual, por otra parte, y según ha establecido el Tribunal Constitucional, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que sí hará el Gobierno es comprobar la existencia real de ese derecho, imposibilitando el fraude".

Plazas de jueces y fiscales

A mediados de abril el Ministerio hizo saber que se congelaba por este año el acceso a la carrera judicial y fiscal: Ninguna plaza en 2012 y sólo 55 en 2013, teniendo en cuenta que:

  • Hay 800 Jueces sustitutos y Magistrados suplentes (que no han superado las correspondientes oposiciones).
  • En torno al 18% de todos los asuntos que se ventilan al año en los Juzgados  se resuelven sin haber sido examinados por un Juez profesional.
  • El Consejo General del Poder Judicial carece de autonomía presupuestaria, con lo que siempre se siente poco fuerte en realidad.

Ruiz Gallardón ha dicho ayer que "De los 1.574 millones de euros consignados en el Proyecto de Ley para el Ministerio de Justicia, 1.279 millones se encuadran en el capítulo 1, el de gastos de personal. Ello supone el 81,2% del gasto del Ministerio de Justicia".

Con esta cuantía se cubren todas las necesidades en materia de recursos humanos de la actual estructura organizativa de la Administración de Justicia:

  • 5.182 jueces y Magistrados,
  • 2.430 Fiscales, 4.399 Secretarios Judiciales, y
  • 10.397 funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Con la finalidad de que los opositores aprobados en convocatorias precedentes y que terminan su período de formación en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos puedan obtener destino, se prevé la creación de 35 plazas destinadas a la carrera judicial, y 20 a la fiscal, sin que por otra parte se convoquen oposiciones en este ejercicio.

Gallardón puntualizó que "La política futura en esta materia estará orientada a reforzar los órganos colegiados y los jueces de adscripción territorial, progresando además en un necesario proceso de profesionalización de la Justicia, para que no dependa de jueces y magistrados sustitutos, y avanzando así en un modelo de tribunales de instancia que nos permita aprovechar mejor los recursos materiales de los que ya dispone la Administración. Parece lógico, en todo caso, condicionar la creación de nuevas unidades judiciales al modelo que resulte de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta".

Más datos de Presupuesto de Justicia

Los gastos corrientes, presupuestados en el capítulo 2, se mantienen prácticamente iguales, con una subida del 0,8%, la cual, dada el alza de los precios, hubiera sido mayor de no haber moderado el gasto en servicios postales, arrendamientos, conferencias y cursos, como en efecto hemos hecho.

El capítulo 4 es el destinado a las transferencias corrientes, y en él se produce un descenso del 6,4%, que no afecta a la Justicia Gratuita, incluida en este apartado. Además de destinar a esta los recursos que se ingresen vía tasas, se suben los fondos asignados a este beneficio para los más desfavorecidos, hasta alcanzar los 34,2 millones.

Esa apuesta social reduce las aportaciones al Centro de Estudios Jurídicos y a la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuya existencia sin embargo se preserva, y a la que se ha destinado dos millones de euros, suficientes para cubrir sus objetivos fundacionales.

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