Una mayoría de cinco magistrados ha señalado tajantemente que los detenidos de la base estadounidense de Guantánamo, en territorio cubano, tienen el derecho de acudir ante los tribunales estadounidenses para impugnar la constitucionalidad de sus detenciones. La intelligentsia conservadora se ha rasgado las vestiduras. John McCain ha catalogado esta decisión como «una de las peores de la historia». Lo presentan como una disyuntiva entre seguridad y cosmopolitismo ingenuo. Un falso dilema.
Una verdadera tormenta se ha desatado en la opinión pública norteamericana. La sentencia del caso Boumediene v. Bush, dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha significado la estocada final a la política antiterrorista de la administración Bush. Una mayoría de cinco magistrados ha señalado tajantemente que los detenidos de la base estadounidense de Guantánamo, en territorio cubano, tienen el derecho de acudir ante los tribunales estadounidenses para impugnar la constitucionalidad de sus detenciones.
La peregrinación judicial comenzó en 2004, con la resolución del caso Rasul v. Bush. En dicho proceso se estableció que los tribunales federales son competentes para conocer los reclamos legales de los presos en la isla. Esta sentencia derrumbó un importante pilar argumentativo del gobierno americano. Hasta entonces, para la Casa Blanca, las personas detenidas en Gitmo, situada en suelo cubano, se encontraban fuera del territorio estadounidense y, por tanto, no tenían derecho a invocar sus pretensiones ante tribunales americanos. Handam vs. Rumsfeld fue el detonante del esperado desenlace. Un presunto terrorista, preso en Guantánamo, se defendió alegando que la comisión militar encargada de su caso carecía de autoridad porque el gobierno se había excedido en el ejercicio del mandato conferido por el Congreso, al acusarle por conspiración ante una comisión militar. Además, el reo aseguraba que los procedimientos seguidos violaban principios fundamentales del derecho castrense e internacional. Finalmente, el 29 de junio de 2006, una mayoría de cinco magistrados del más alto tribunal federal dieron la razón a Handam. En respuesta, el Congreso aprobó la Military Commission Act of 2006, ley por la cual se le denegaba expresamente, con efecto retroactivo, a los combatientes enemigos capturados el acceso a los tribunales de justicia americanos. Boumediene constituyó el esperado final de la trama. La tesis oficial era que el writ de habeas corpus podía ser inaplicada por mandato de la cláusula constitucional de suspensión (exception clause) que establece que esta garantía procesal “no debe ser suspendida, excepto cuando la seguridad pública lo requiera para casos de rebelión o invasión”. La mayoría del Tribunal sostuvo que dicha disposición de la Carta Fundamental debe ser interpretada de forma restrictiva, que es sólo aplicable por períodos determinado de extrema urgencia. Ese supuesto no se cumple hoy en Gitmo. Por otra parte, en base a una extensa e impecable argumentación, rechazó la también otra premisa de la administración Bush negando rotundamente que la soberanía de jure constituya el fundamento indispensable del reconocimiento del derecho de habeas corpus.
En realidad, el camino ya estaba allanado. Estratégicamente poco rentable, y políticamente onerosa, Guantánamo era una piedra en el zapato el gobierno de la que propios y extraños renegaban hace tiempo. Para la administración Bush, desmantelar Gitmo por iniciativa propia hubiera significado una muestra de debilidad. Esta sentencia hace las cosas más fáciles. No obstante, la intelligentsia conservadora se ha rasgado las vestiduras y no ha escatimado en críticas. El candidato republicano John McCain ha catalogado esta decisión como “una de las peores de la historia”. John Yoo, analista del think tank American Enterprise Institute —insignia de la derecha estadounidense— y fiero crítico del Supremo, señala que es la primera vez que este tribunal otorga el derecho de habeas corpus a enemy combatants capturados por las tropas americanas.
Lo que se busca es presentar la situación como una disyuntiva entre seguridad nacional y cosmopolitismo jurídico ingenuo. Falso dilema. Existen vías intermedias. Lo sucedido en Guantánamo y otros centros de detención como Abu Ghraib constituye un extremo innecesario y poco útil estratégicamente —numerosos informes confirman la casi nula fiabilidad de los informes de inteligencia obtenidos en estos centros—. Francia y el Reino Unido, por ejemplo, han adoptado legislaciones muy severas con los sospechosos de terrorismo, pero no por ello renuncian por completo a las garantías mínimas de un Estado de Derecho. Liberales exultantes, deshaciéndose en alabanzas por lo que consideran un triunfo de la razón y la justicia. Tradicionalistas tristes, asegurando que, tal como afirmó el disidente magistrado Samuel Alito, “la nación vivirá para arrepentirse por lo que han hecho los jueces”. Una vez más, como señala un conocido académico, Clint Bolick, “parece que lo que ninguno de los dos sectores soporta es la aplicación objetiva de principios constitucionales cuando esta se presenta contraria a sus prejuicios ideológicos”.
