El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que los detenidos en Guantánamo tienen el derecho de impugnar su detención ante la justicia
La justicia internacional tiene algo que celebrar. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado, por una mayoría de 9 contra 5, que los detenidos en la base de Guantánamo tienen el derecho, garantizado por la Constitución, de impugnar la legitimidad de su detención ante la justicia federal americana. Un proverbial Anthony Kennedy, como portavoz de la mayoría, señaló que "el Derecho y la Constitución han sido diseñadas para sobrevivir, y mantener su vigencia, aún en tiempos excepcionales". La demanda del caso Boumediene v. Bush fue presentada por un ciudadano bosnio, ilegalmente retenido en la cárcel cubana, que finalmente ha visto el final de este pesado tramo.
Éste es el tercer revés judicial a la política antiterrorista del presidente norteamericano. Todo comenzó cuando las alarmas judiciales sonaron, en 2004, con la resolución del caso Rasul v. Bush. En dicho litigio, el Tribunal Supremo estableció que los tribunales federales son competentes para conocer los reclamos legales de los presos en Guantánamo. Como señala un experto del Gertrude Ryan Law Observatory, "aquel dictamen derrumbó un importante pilar argumentativo del gobierno americano. Hasta entonces, para la Casa Blanca, las personas detenidas en Gitmo, se encontraban fuera del territorio de Estados Unidos y, por tanto, no tenían derecho a invocar sus pretensiones ante tribunales americanos. El siguiente pronunciamiento judicial venía dado de suyo. Era tan sólo cuestión de tiempo”.
El caso Handam v. Rumsfeld fue la segunda bomba judicial en explotar en la cara de la administración neoconservadora. Un presunto terrorista, preso en Guantánamo, se defendió alegando que la comisión militar encargada de su caso carecía de competencia legal por dos razones: en primer lugar, porque el gobierno se había excedido en el ejercicio del mandato conferido por el Congreso al acusarle por conspiración ante una comisión militar, a quien sólo competía pronunciarse en caso de “crímenes de guerra”. En segundo lugar, porque los procedimientos seguidos violaban principios fundamentales del Derecho castrense e internacional. Finalmente, el 29 de junio de 2006, una mayoría de cinco magistrados del más alto tribunal federal dieron la razón a Handam.
