El director general del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez, ha destacado la implantación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y la contratación electrónica como principales novedades de la normativa europea que suponen mayores facilidades para el sector público y privado en la contratación pública.
Martínez, que ha inaugurado hoy la jornada 'Dos novedades europeas sobre contratación pública: el Documento Europeo Único de Contratación y la Contratación Electrónica', destacó la importancia de la implantación de forma generalizada del DEUC en el ámbito de la contratación pública, sobre todo para los empresarios y agentes económicos, ya que simplifica la documentación a presentar, reduciendo así los costes de concurrencia.
El DEUC consiste en una declaración formal de la empresa interesada en participar en una contratación pública, en la que se recoge que la empresa cumple con los requisitos necesarios para poder concurrir a una licitación pública, sin que tenga que presentar ninguna otra documentación.
El director general se ha referido asimismo a otras medidas en materia de contratación contempladas en las directivas europeas, cuya utilización será obligatoria a partir de 2018, como son la utilización de forma intensiva de los medios electrónicos en los procesos de licitación pública, la presentación de ofertas, evaluación de las mismas, comunicaciones y demás actuaciones complementarias.
Por ello, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha instrumentalizado la Plataforma de Contratación del Sector Público como un elemento que genera valores añadidos en los procesos de licitación electrónica, constituyéndose en una importante herramienta para dar cumplimiento a las obligaciones de contratación en materia electrónica que establecen la nuevas directivas europeas al servicio de todas las Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos.
El objetivo perseguido con esta plataforma es la reducción de tiempos y costes asociados a los procedimientos de contratación pública, tanto para los organismos públicos como para los operadores económicos.