La política de Justicia es una de las que tienen la consideración de área prioritaria de gasto en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, con el objetivo fundamental de modernizar su Administración. A ello se destinan 1.658,49 millones de euros, que representa un incremento del 6 por ciento sobre el ejercicio anterior, y cuya ejecución correrá a cargo del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial dispondrá de 77,04 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7 por ciento sobre el ejercicio anterior. El Ministerio de Justicia contará con una dotación inicial de 1.581,45 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento sobre el ejercicio 2008. Ya nos referimos ayer en Legal Today a las partidas que se destinarían a los Juzgados de Paz dentro del "territorio Ministerio".
Según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, esta fuerte consignación presupuestaria se destina fundamentalmente a la modernización de la Administración de Justicia, a través de las siguientes líneas estratégicas:
- Racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos humanos que hacen posible que el sistema funcione.
- Revisión de la Planta y Demarcación judicial a fin de conseguir un mapa judicial más racional, adaptado a las nuevas realidades socio-demográficas, capaz de dar respuesta de una forma más rápida y eficaz a las cuestiones que se planteen ante la Administración de Justicia.
- Plena incorporación de las nuevas tecnologías a los procedimientos de gestión y a los sistemas de control, información y coordinación entre los distintos responsables.
- Modernización de los Registros de apoyo a la actividad judicial.
Uno de los pilares sobre los que se asentará la reforma de la Administración de Justicia es el de la organización, división y especialización de las funciones de las personas que trabajan en los órganos judiciales.
Se parte del principio de que jueces y magistrados deben dedicar todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución, eso es, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; descargándoles de todo aquello referido a la propia y directa gestión de la oficina judicial, que no tiene carácter jurisdiccional, y atribuyéndolo a otros profesionales de la Administración de Justicia de acuerdo con el modelo definido en la nueva oficina judicial.
Este proceso de reordenación y reforma en el seno de la Administración de Justicia exige una continua actualización, formación, especialización y profesionalización del personal a su servicio, y una racionalización y optimización de los sistemas de trabajo que propicien mayor flexibilidad en la atribución de funciones entre los distintos cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con una apuesta decidida por la mejora de la productividad a través de la formación del capital humano.
