- Europa inicia procedimiento de infracción, dando un plazo de 2 meses para que el gobierno rectifique la tributación de vivienda habitual de los empleados públicos europeos en España
- Más de 2.000 funcionarios y agentes, entre los que se encuentran los de la agencia de marcas EUIPO de Alicante, saldrán beneficiados gracias a la denuncia presentada por el jurista Víctor Riera
Tras la denuncia presentada por el abogado alicantino Víctor Riera, doctor en Derecho Financiero y Tributario y socio director del despacho RIERA CONSULTING, la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción a España para que adopte las medidas oportunas para acabar con el injusto trato discriminatorio que sufren los empleados públicos europeos que viven en España. Una discriminación que consiste en no permitir a estos trabajadores que se apliquen los beneficios fiscales por su residencia habitual: pagan más que el resto de ciudadanos porque se considera su vivienda como una segunda residencia. La legislación de la UE hace que estos empleados públicos europeos oficialmente sean residentes de sus países de origen, pero de facto viven en España cuando se trasladan para trabajar.
Esta decisión la ha comunicado oficialmente la Comisión al jurista alicantino Víctor Riera, ya que fue él quien presentó la denuncia que ha llevado a incoar este proceso de infracción: “Supone una enorme satisfacción profesional, ya que la Comisión asume como propios mis argumentos y considera que España lleva décadas infringiendo los principios de libre circulación de personas y capitales en la UE. En el plazo de dos meses España deberá responder a la Comisión por qué niega a estos funcionarios con una vivienda habitual en nuestro país la aplicación de los beneficios fiscales que eso conlleva, lo que injustamente les obliga a pagar más impuestos que el resto”.
Europa pretende que España modifique su normativa interna con el fin de que los miles de contribuyentes afectados puedan disfrutar, como cualquier otro residente en España, las ventajas fiscales relacionadas con el inmueble en el que viven en nuestro país. Por ejemplo, acceder a la exención del Impuesto sobre el Patrimonio por vivienda, reducciones en el Impuesto de Sucesiones, no tributar cada año en IRPF por ser propietarios del inmueble, o no pagar impuestos si la venden y compran otra.
Los afectados por esta discriminación fiscal en España son más de 2.000 funcionarios y agentes europeos siendo la agencia europea con más trabajadores en España la EUIPO, la agencia europea de protección de marcas con sede en Alicante. Pero también hay oficinas europeas y sedes de agencias en Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Torrejón de Ardoz y Bilbao.
Este asunto se remonta a 2020, cuando Víctor Riera, tras investigar el régimen fiscal recogido en el Protocolo de Inmunidades y Privilegios de la UE, e identificar los efectos de discriminación fiscal que se producen al negar a los funcionarios europeos no residentes que el inmueble en el que viven en España constituye su vivienda habitual, decidió denunciar la cuestión ante la Comisión europea.
“La posición mantenida por el gobierno de España es muy difícil de sostener, porque si los euros funcionarios son titulares de una vivienda habitual en España, porque es donde viven y trabajan, ¿por qué se les niega la posibilidad de aplicar los beneficios fiscales de esa vivienda, estableciendo un trato diferente respecto al resto de contribuyentes residentes?”, se pregunta el abogado.
Este paso es definitivo para que en el futuro se ponga fin a la discriminación fiscal que ha denunciado y documentado y “abre la puerta a que en un futuro próximo los trabajadores de la UE en España puedan reclamar la devolución de los impuestos que han pagado de más por no reconocer su residencia en España como su vivienda habitual y poder beneficiarse de una rebaja de sus impuestos como el resto de contribuyentes, lo que hasta la fecha, España les ha negado reiteradamente”, sostiene el jurista.
“El gobierno tiene que plantearse si tiene sentido que nuestro país compita con otros para que se establezcan en España sedes de instituciones europeas, y al mismo tiempo actúe discriminando a los funcionarios que se trasladan aquí para trabajar en las oficinas y agencias europeas”, añade.
“Espero que el tirón de orejas que representa para nuestro país esta incoación, sirva para que España si de verdad le interesa optar en el futuro a albergar otras sedes europeas, reconsidere seriamente su postura, apruebe las medidas legislativas que he propuesto, corrija interpretaciones de la doctrina incorrectas, y ofrezca garantías a la UE de que aplicará a sus funcionarios y agentes las mismas condiciones fiscales que al resto de contribuyentes eliminando todas las discriminaciones actuales”, explica el abogado.
Víctor Riera ha publicado en la prestigiosa editorial Aranzadi LA LEY el libro “El régimen fiscal de los funcionarios y agentes de las instituciones de la Unión Europea”, basado en su tesis doctoral que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, dirigida por Aurora Ribes, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, en el que aborda, entre otras cuestiones, los motivos que le llevaron a presentar la denuncia.
Para todo el equipo de profesionales del despacho alicantino RIERA CONSULTING, la incoación de este procedimiento de infracción por la Comisión es un espaldarazo al intenso trabajo desarrollado profesional y académicamente por nuestro socio-director Víctor Riera a lo largo de los últimos años.
