El ponente del informe acerca de la ampliación de la jornada laboral hasta 65 horas cree que rechazar el aumento del tiempo de trabajo revelaría que el Parlamento no es “sordo, ni mudo y que Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón”. Se busca, además, unir el tiempo de las guardias que realiza el personal sanitario al cómputo de horas semanales. Los eurodiputados han debatido la Directiva de tiempo de trabajo. El ponente parlamentario es el español Alejandro Cercas, quien insiste en que todos los Estados miembros deberían respetar el máximo de 48 horas semanales, calculadas sobre una media anual, y exige que el "opt-out" -no aplicación de este máximo- desaparezca en un plazo de 3 años. Se subraya, además, que los periodos de guardia deben ser considerados tiempo de trabajo.
La Directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias derogaciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los Directores Generales) o sectores.
La Directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.
El informe de la Comisión de Empleo de la Eurocámara, elaborado por Alejandro Cercas, exige eliminar la posibilidad del "opt-out" pasado un periodo transitorio de 3 años. Esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre un periodo de referencia de 3 meses. Además, los diputados instan a considerar como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los periodos inactivos, cuestión que en España afecta particularmente al personal sanitario.
El informe también hace hincapié en que la normativa debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.
Los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la Directiva. Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías, los bomberos y los militares también están excluidos.
Ponente español
El eurodiputado Alejandro Cercas advirtió hoy de que la propuesta de revisión de esta normativa, que contempla una jornada laboral de 65 horas semanales, conlleva un retroceso a las normas de trabajo del siglo XIX y "arroja a los más débiles a condiciones inhumanas".
"La derogación personal de los derechos es una forma infalible para arrojar a las capas más frágiles de la clase obrera a la explotación más inhumana y permitir a los Estados que se sirvan del derecho social comunitario a beneficio de inventario. Supone abrir la vía al dumping social y a la desafección con una Europa que abre puertas a competir sin reglas comunes", explicó.
En lo referente al personal sanitario, Cercas consideró que dejar de reconocer las guardias al personal médico conllevaría "una agresión sin límite" y un "despropósito".
