Bermejo apura un acuerdo antes de la investidura de Zapatero Aún se especula sobre el futuro político del Ministro
La división en el corazón de UGT y CCOO y el apoyo de CSI-CSIF y STAJ al referendo de la propuesta, permanecen como dos focos de un incendio que parece aplacado. Conviene no descuidarlos, para asegurar que la justicia salga airosa de una crisis de incalculables repercusiones.
Todo está dado para que la huelga de los funcionarios de justicia termine en pocos días. Así se desprende del acuerdo alcanzado en la tarde del domingo por el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con los sindicatos convocantes. Sin embargo, los hechos que rodearon el fin de las negociaciones dejan algunos focos de tensión, que conviene desactivar cuanto antes.
Alrededor de las cinco de la tarde del domingo hubo "fumata blanca" en el edificio del Ministerio de Justicia -cede de la reunión-, cuando se aceptó un incremento de 190 euros mensuales este año, en una subida que se hará en tres fases: el salario se incrementaría en 160 euros al mes durante este año, de los cuales 80 serían retroactivos desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar a partir del 1 de julio. Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.
La oferta incluye la posibilidad de que los descuentos en el salario por cada día de huelga se hagan de una manera flexible, por plazos y utilizando los complementos de productividad como fórmula para recuperar el dinero que se dejó de percibir. Y es que el paro, que ya lleva dos meses, ha supuesto el estancamiento de más de 120.000 actuaciones judiciales. Los empleados de la justicia podrán recuperar los salarios del bimestre pasado en la medida en que, voluntariamente, asuman el trabajo acumulado.
Los 9.500 trabajadores de la Administración de Justicia pertenecientes a las siete Comunidades Autónomas que no han asumido las competencias en ésta materia (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla) reclaman, desde el 4 de febrero, la equiparación de sus salarios con respecto al resto de funcionarios de la geografía nacional, quienes perciben anualmente, en promedio, 2.400 euros más por año. En Madrid, la huelga afecta a los órganos centrales de la Administración de Justicia como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil Central y el Instituto Nacional de Toxicología.
De inmediato CCOO y UGT, se apresuraron a dar por bueno lo alcanzado mostrándose dispuestos a desconvocar el paro, mientras las agrupaciones CSI-CSIF y STAJ, consideraron positivo lo pactado, pero se negaron a dar el visto bueno definitivo, por haberse comprometido a someterlo a referéndum entre los trabajadores. He aquí uno de los primeros puntos inquietantes. Una nueva llamada a las urnas es una variable que puede dar al traste con lo acordado, si no se hace un acompañamiento informativo por parte de los sindicatos, favorable a la propuesta.
Otro asunto preocupante es la división latente entre la sección sindical de CCOO (mayoritaria en el sector) y la federación. Tras el anuncio de que el acuerdo excluía la llamada a un referendo -y que esta condición había sido pedida expresamente por Bermejo- los representantes sindicales de la Administración de Justicia acusaron a sus directivas de estarlos "puenteando" y manifestaron que estudian solicitar a los trabajadores el rechazo de la propuesta.
Todo ello debido a que directamente el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, fueron quienes cerraron la negociación, relevando in situ a los negociadores que habían llevado el conflicto desde el principio. Javier Hernández, portavoz de los trabajadores afirmó, a su salida del ministerio, visiblemente molesto por esta situación, que Segarra había firmado el acuerdo "a espaldas de los trabajadores" y lo acusó de actitudes antidemocráticas, al considerar que se extralimitó al imponer su jerarquía ante sus propios negociadores. Lacuerda, por su parte, se defendió de las acusaciones que en la misma línea se le hicieron y explicó que era necesario finalizar de una vez por todas el conflicto y "poner por encima de todo el derecho de los ciudadanos". Tanto él como su homólogo de CC.OO se mostraron comprensivos con quienes han estado en la plataforma sindical, pero explicaron que el funcionamiento de sus respectivos sindicatos no hace necesario un referéndum para aprobar este tipo de medidas.
Este rifirrafe se vio reflejado en la calle. Los firmantes del acuerdo tuvieron que salir del Ministerio de Justicia escoltados por la policía, entre abucheos y gritos de "traidores" y "nos habéis vendido".
Convendría que se extremaran las medidas tendientes a garantizar que el acuerdo alcanzado será el definitivo, en este sentido los sindicatos deben reconstituir la unidad de sus directivas, de manera que se envíe un mensaje favorable a las bases que asegure el fin de la huelga. Por parte del gobierno, sería prudente que el asunto se guardara en la refrigeradora, no sea que se alimenten los puntos calientes que aún subyacen y se avive un incendio que parece por fin controlado.
