El Análisis de la OCDE sobre la Reforma de la Administración Pública de España, presentado ayer en Madrid, a la vez que felicita por su ideación y sucesiva plasmación en leyes, avisa del peligro de no llegar a una conclusión clara y aislarse de los ciudadanos. Para la OCDE, el paquete de reformas de la CORA no debe ser considerado como un ejercicio de una única vez, sino como un primer y crítico paso para sentar los cimientos de la mejora continua, centrándose en optimizar el papel de la Administración General del Estado de manera permanente, incorporando una revisión sistemática de la misión del propio gobierno y de sus programas de gasto para asegurar su eficacia y eficiencia.
Para la OCDE, el paquete de las reformas de la CORA, si bien es integral, corre el riesgo de no tener un conjunto claro de prioridades y una idea de la mejor secuencia para su implementación. En principio, según este organismo internacional, no hay impedimentos para avanzar simultáneamente en todas las medidas de la CORA, puesto que su implementación está descentralizada y cada una dispone de su propio cronograma de implementación.
Las recomendaciones del informe pide que se entiendan en el contexto del conjunto de reformas que ya están en curso, y que complementan la agenda de la CORA y la hacen mucho más integral, tales como el desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007; la Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA), y la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF); el Plan de Regeneración Democrática (que incluye entre otras cuestiones el Borrador de Ley orgánica para el control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos); la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; la Ley 20/2013 de unidad de mercado; la Ley 14/2013 de Apoyo al Emprendimiento y la Internacionalización; la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; y el borrador del Estatuto del Directivo Público Profesional de la Administración General del Estado.
Sin embargo, su grado de dificultad varía considerablemente, y las experiencias internacionales sugieren que el apoyo político se debilita con el paso del tiempo, lo que exige una concentración de recursos y liderazgo político en los aspectos y momentos clave de la reforma. Esto es importante dado que el impacto de las diferentes iniciativas puede ser priorizado y sería extremadamente difícil, si no imposible, avanzar en las 217 propuestas al mismo tiempo y al mismo ritmo. Sigue el informe de la OCDE exponiendo que la priorización es necesaria para hacer el mejor uso de los recursos políticos, financieros y humanos y para concentrarlos en aquellas reformas que ofrecen el mejor balance coste-beneficio.
Si bien algunas iniciativas -matiza la OCDE- tienen un impacto que se concentra en el corto plazo (por ejemplo, suprimir una agencia específica y transferir sus funciones a otra); otras representan cambios más estructurales en la forma en la que las administraciones públicas realizan sus actividades cotidianas y ofrecen mecanismos poderosos para la mejora continua. Dichas reformas, algunas de las cuales no son estrictamente medidas CORA, deben tener prioridad sobre otras más limitadas y requerirán de un respaldo político significativo: en particular, es el caso de las incluidas en Ley para la Unidad de Mercado, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la implementación de un sistema para medir la productividad y la eficiencia, la revisión normativa, la centralización de las actividades de contratación, y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
