El "Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria" se firmó el 2 de marzo de 2012 A partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países se verá condicionada a la ratificación del pacto fiscal. Cualquiera de los firmantes podrá llevar ante el TJUE al Estado miembro que lo incumpla.
El “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” —el conocido como “pacto fiscal” europeo—, destinado a incrementar la disciplina fiscal de los países de la zona del euro, y que incluye «la regla de oro» presupuestaria, que limita el déficit estructural, acaba de entrar en vigor con el nuevo año, después de que Finlandia, duodécimo Estado de la zona euro en ratificar el tratado, depositara el instrumento de ratificación el pasado 21 de diciembre.
El "pacto fiscal" fue firmado el 2 de marzo de 2012, por los Jefes de Estado y Gobierno de todos los países miembros de la UE, a excepción del Reino Unido y la República Checa, cuya negativa a respaldar el pacto fiscal llevó al resto de los Estados miembros a firmar un acuerdo intergubernamental, a través del procedimiento conocido como "cooperación reforzada".
Este proceso exige que un mínimo de doce países firmen un acuerdo para su entrada en vigor, paso logrado el 21 de diciembre con la ratificación de Finlandia, que se sumaba así, a España, Austria, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Letonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia. La Comisión Europea espera que, en un plazo de cinco años tras su entrada en vigor el pacto fiscal deje de ser un acuerdo intergubernamental y sea incorporado al marco legal de la Unión Europea.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza establece una disciplina fiscal reforzada y una vigilancia más estricta dentro de la zona del euro, que se articula mediante la introducción de la conocida como "regla de oro", que limita el déficit estructural anual (sin incluir para su cálculo los gastos e ingresos que tengan carácter cíclico) al 0,5% del Producto Interior Bruto de los Estados miembros.
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Los diecisiete Estados de la zona euro deben transponer en su legislación nacional esta "regla de oro" antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor -o sea, del 1 de enero de 2014-, transposición que ya ha realizado España, si quieren evitar la sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea elaborará informes sobre la correcta introducción de esta limitación de la deuda en las legislaciones internas por parte de cada país y, de persistir el incumplimiento, uno o varios de los firmantes del acuerdo intergubernamental podrán llevar el caso ante el TJUE.
Además, los estados comunitarios pueden solicitar, con independencia de los análisis del ejecutivo comunitario, sanciones financieras al Tribunal de Justicia para aquellos estados que no trasladen correctamente el techo de gasto a su normativa nacional.
Las multas pueden alcanzar el 0,1 % del Producto Interior Bruto, ingresándose los fondos recaudados en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE) o en el presupuesto de la Unión Europea.
Además, el pacto fiscal vinculará,
desde el 1 de marzo de 2013 la
concesión de rescates a países a través del MEDE
a su ratificación del pacto fiscal.
Los países que forman parte del pacto fiscal se comprometen también a
mantenerse en línea con el objetivo de déficit establecido para cada Estado
miembro, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.
Desviación temporal y corrección
Los Estados miembros tendrán que implantar un mecanismo automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit o del camino de consolidación y tener en cuenta su impacto acumulativo en la deuda.
Los países que atraviesen excepcionales circunstancias, como una "severa contracción económica", podrán desviarse de esos objetivos a medio plazo o del ajuste; los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60% del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1% del PIB, mientras que los países cuya deuda supere el 60 % del PIB deberán reducirla cada año en una veinteava parte.
Además, un Estado miembro que sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo, tendrá que poner en marcha un "programa de asociación económica y presupuestaria". El programa incluirá una descripción detallada de las reformas estructurales que el Estado miembro tendrá que poner en práctica para asegurar una corrección eficaz y duradera de su déficit.
Dichos programas se someterán al Consejo ya la Comisión para su aprobación. Su aplicación será objeto de seguimiento de acuerdo con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Una mayor coordinación y gobernanza en la zona euro.
Las estados miembros que sean parte del tratado/acuerdo, comunicarán sus planes de emisión de deuda pública a la Comisión Europea y al Consejo y, además, discutirán y, en su caso, coordinarán entre sí y con las instituciones de la UE por adelantado todas las grandes reformas económicas que planean llevar a cabo.
Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la zona euro se reunirán, junto con la Comisión Europea, al menos dos veces al año en las "Eurocumbres", cuyo presidente será elegido por mayoría simple de votos, y a cuyas reuniones podrán ser invitados el presidente del Banco Central Europeo y el Presidente del Parlamento Europeo. Cuando sea apropiado -y al menos una vez al año- los líderes de los estados no miembros de la zona euro que hayan ratificado el tratado podrán participar también en dichas reuniones.
