Importantes normas han entrado en vigor a última hora, pero otras igualmente fundamentales quedan sin aprobar antes del verano. La reforma laboral ha facilitado los despidos, pero no se ha aprobado la Ley de Servicios Profesionales, que liberalizaría profundamente el mercado.
A las puertas de un 20-N que dará paso a un nuevo gobierno concentrado en lo económico miramos atrás y vemos que han quedado textos importantes sin aprobar aunque en el tiempo de descuento ha habido un frenético ritmo legislativo.
Los finales de legislatura generan unas arritmias de los que pocos ámbitos consiguen librarse, y el normativo tampoco es la excepción.
Antes del verano la lista de leyes que parecía que habían quedado descartadas era larga e importante. De esta lista se salvaron varios textos, importantes sin duda, que se han aprobado a ritmo frenético entre la vuelta del verano y la disolución de las cámaras. Sobre todo son cuatro los más relevantes para los abogados:
- Reforma de la Concursal, que perfecciona la reforma hecha por Real Decreto-Ley 2/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.
- Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por la que los tribunales de lo social asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación, evitando tener que ir de un juzgado a otro.
- Ley de Medidas de Agilización Procesal. Esta Ley, aparte de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de venta a plazos de bienes muebles y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa hace fundamentalmente una profundísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Un fantástico resumen se puede leer aquí.
- Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
En el último Consejo de Ministros (día 11 de noviembre), además, se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El texto integra y ordena en un texto único las disposiciones aplicables a la contratación del sector público, incluidas la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, las sucesivas leyes que la han modificado por diversos motivos y otras disposiciones contenidas en normas con rango de ley, entre ellas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.
¿Qué textos más relevantes han quedado en la cuneta?
Ha sido amplia la actividad legislativa acerca de temas relacionados con el mercado laboral, llegando a puntos que se sentían como "sagrados", y descuidando quizá otros aspectos fundamentales del sistema jurídico en un estado moderno como es la necesidad de que los tribunales trabajen con agilidad o que el acceso al mercado esté realmente libre de trabas.
Con esto nos referimos principalmente a la Ley de Servicios Profesionales, en estado de parálisis, un texto a todos infunde cierto temor en la medida en que significa una apertura completa de mercado, eliminando factores que se consideran barreras (colegiación, reservas de actividad, etc.). En la actualidad están identificadas 192 profesiones con algún tipo de restricción: la Ley de Servicios Profesionales reduciría el número a 50.
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ha quedado sin aprobar. El Derecho procesal penal adolece de defectos originados porque la gran reforma que entró en vigor a finales de 2010 no vino acompaña de la parte adjetiva -con lo que hay preceptos de difícil aplicación-
¿Quiere saber cómo era el texto que habían preparado desde el Ministerio de Francisco Caamaño?
Matizando lo dicho acerca del procesal penal, no hay que perder de vista la gran reforma de las leyes de Enjuiciamiento que entraron en vigor en mayo de 2010. Sin embargo, esta gran reforma atendía a la necesidad de adecuar las dinámicas procesales a la Nueva Oficina Judicial; concretamente al traslado de lo procesal, procedimental al Secretario, dejando para el Juez la función meramente jurisdiccional.
Tampoco se han aprobado otros textos que estuvieron en primera línea en los medios de comunicación, como:
- La Ley de la muerte digna.
- La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
- Ley de Libertad Religiosa.
- Ley reguladora del fondo de capitalización para los trabajadores.
- El Reglamento de la Ley de Salud pública, que extendería la atención sanitaria al colectivo de profesionales ahora excluido, sobre todo a los abogados. La Ley de Salud Pública debe desarrollarse en el plazo de seis meses -fue publicada en BOE de 5 de octubre- para extender a los profesionales la asistencia sanitaria pública en virtud de la Disposición Adicional 37ª de la Ley 27/2011, que apunta a una futura regulación del régimen de incompatibilidad de las pensiones de la Seguridad Social, así como la igualación del trato fiscal de las mutualidades, tanto respecto a la Seguridad Social como a los planes de pensiones.
- La nueva Ley de Telecomunicaciones.
- Reforma de la Ley del Sector Eléctrico, la cual obligaría a las compañías a presentar desglosadas las facturas y tener un teléfono gratuito de atención al cliente,adaptando el concepto europeo de "consumidor vulnerable" asimilándolo al "bono social" que ya existe en España.
- Reforma de la Ley de Hidrocarburos.
