Así lo ha manifestado el Presidente de la Asociación, D. José María García Gutiérrez, tras la sentencia dictada por la el Tribunal Supremo del Sentencia de 23 de septiembre 2008, que declara nulo el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre del 2006, que denegaba al Ayuntamiento del municipio granadino de Almuñecar la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana.
La Sentencia, al parecer de esta asociación, es conforme a la normativa Urbanística, dado que es una materia en la cual la competencia corresponde a los ayuntamientos. Igualmente, el Supremo apela a la doctrina del Tribunal Constitucional, en lo que respecta a la interpretación que realiza de art. 71 de la Ley de las Haciendas Locales. Las Comunidades Autónomas, en este ámbito se limitan al control de la legalidad y a las decisiones en el ámbito supramunicipal.
La Asociación, según afirma su Presidente, es partidaria de que los ciudadanos decidan sobre cuál es el modelo de ciudad en la desean vivir. Los Planes Urbanísticos nacen para resolver los problemas que existen en las ciudades. Estas tienen que crecer, pero el desarrollo de la ciudad afectará inevitablemente a las condiciones de vida de la población destinataria y los redactores deben tratar de mejorarla.
Este criterio no es nuevo y está recogido en la propia Ley del Suelo (tanto en la anterior Ley 8/2007 de 28 de mayo, como en el reciente Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la nueva Ley, que, en su art. 4, anima a los ciudadanos a participar en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumento de ordenación del territorio, en la ejecución urbanística, y su evaluación ambiental.
