A un año y pico de la más grande debacle desde la Gran Depresión, cuando Lehman Brothers, uno de los cuatro bancos más exclusivos y que se consideraba más estable del panorama mundial, quebró en septiembre de 2008, los mercados han recuperado cierta tranquilidad -tras el sobresalto, sobre todo de confianza, del gran timo Madoff-. Ese lapso ha dado para que el paquidermo judicial eche a andar y se vayan pidiendo responsabilidades. En septiembre, la banca privada de Caja Madrid, Altae, obtuvo sentencia condenatoria por la comercialización irresponsable de los bonos de Lehman. El mes de febrero de 2010 llevará al banquillo a Citibank, y marzo a Bankinter. El despacho Cremades Calvo Sotelo propició el pasado invierno que el Banco de Santander compensase a sus clientes. ¿Será que podemos creer en la Justicia?
Con la quiebra de Lehman Brothers hundido tras infectarse con productos financieros exóticos que no valoraban de manera honesta los riesgos, con excesivos fondos invertidos en el sector inmobiliario, con unas agencias de rating entusiastas, y con unos directivos que recibían sueldos y bonus despampanantes, quebró algo invisible, pero omnipresente en casi todo lo que se hace, que es la confianza basada en la fama.
Cuando, en menos de tres meses -diciembre de 2008- Bernard Madoff fue detenido por el FBI, acusado de un fraude a sus clientes de su empresa de inversiones que alcanzó los 50.000 millones de dólares, se pensó que el capitalismo tenía que ser reformulado, y, con una economía global como la que vivimos, debía crearse una sede judicial económica con jurisdicción que superase las fronteras tradicionales.
Eco en España
Tras la primera gran quiebra, la de Lehman, las autoridades se apresuraron a decir que ello no afectaría la solvencia de las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones españoles, cuestión que se decía en corrillos económicos.
Pero la gente había comprado productos financieros de Lehman. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid condenó al banco privado de Caja Madrid, Altae, a devolver a dos clientes 114.000 euros por su inversión en bonos de Lehman Brothers a través de esta entidad, convirtiéndose de ese modo la primera entidad bancaria en recibir una condena de la Justicia española por estas prácticas. La sentencia decía que Altae incumplió "su obligación de información clara, correcta, suficiente y oportuna, así como la obligación a un asesoramiento diligente, condenando a la demandada a abonar a los actores la cantidad de 114.000 euros".
Además, se constató que la entidad no cumplió las obligaciones de información al cliente establecidas por la Directiva Mifid, tras su entrada en vigor en España el 1 de noviembre de 2007.
La Directiva 2004/39/CE, conocida como Mifid (Markets in Financial Instruments Directive), es base del Plan de Acción de Servicios Financieros. Sus normas de desarrollo -la Directiva 2006/73/CE, el Reglamento 1287/2006 de la Comisión y los textos legales de nivel III derivados del asesoramiento del Comité de Reguladores Europeos (CESR)-, se aplican a las personas y entidades que actúan en los mercados de valores.
Por lo que respecta a Citibank, el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid ha fijado para el próximo 16 de febrero la celebración del juicio oral por la demanda presentada por 122 afectados que le reclaman un total de 3,2 millones de euros por las pérdidas sufridas por sus inversiones en productos vinculados a Lehman Brothers.
Los afectados acusan a Citibank de colocar a clientes con patrimonios pequeños -inversiones mínimas de 3.000 euros- productos estructurados mediante incentivos dados a los asesores para que vendieran productos Lehman Brothers, en claro conflicto de interés con los intereses de los clientes. Responsabilizan a la entidad de no diversificar las inversiones y de no informar sobre la evolución de las mismas. A su vez, los demandantes se quejan de la inadecuación de los productos al perfil inversor de los clientes, así como de las compraventas realizadas desde una cuenta global sin la oportuna autorización del cliente.
Bankinter comercializó bonos estructurados de Lehman Brothers emitidos a 980 clientes por importe global de unos 89 millones de euros, con una inversión mínima de 50.000 euros por titular. El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha fijado para los próximos 2, 3 y 4 de marzo la celebración del juicio oral por la demanda presentada por 87 afectados que le reclaman un total de 10 millones de euros por las pérdidas sufridas por sus inversiones. Los afectados acusan a Bankinter de incurrir en malas prácticas bancarias por la colocación de productos financieros de alto riesgo no adecuados al perfil de los clientes.
Entre estas supuestas malas prácticas los demandantes mantienen que el banco incumplió el deber de informar y asesorar al cliente, realizó labores de intermediación sin la obligada autorización del inversor y anotó a nombre de la entidad valores colocados en depósitos internacionales como Euroclear o Clearsteam.
