Los participantes en las jornadas notariales están a favor del derecho de las personas a elegir la ley que regule sus relaciones jurídicas. "Los notarios -como funcionarios públicos y expertos juristas- asesoran a los ciudadanos para evitar los diferentes conflictos jurídicos que surgen en materias como sucesiones, régimen económico del matrimonio, patria potestad, incapacidad,..."
“Si las personas eligen el lugar en el que quieren residir, relacionarse o contratar, ¿por qué no van a poder escoger qué ley desean aplicar a esas relaciones jurídicas, sin verse limitadas por su nacionalidad?” ha apuntado el notario Salvador Torres Ruiz, en la 6ª sesión del 11ª Congreso Notarial Español que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Bilbao.
La bajada de trabajo afecta a todos, notarios incluidos. Ya hubo un rifirrafe entre abogados y notarios hace unas semanas a raíz de las declaraciones del Ministro de Justicia en relación a la posibilidad de la intervención de los notarios en las separaciones y divorcios amistosos y posterior ofrecimiento de los Notarios al Ministro de Justicia respecto a las ejecuciones hipotecarias.
En el Congreso Notarial se ha insistido en asesorar a los clientes de las notarías respecto a Ley aplicable cuando en un negocio intervienen personas de diversas nacionalidades. Para el notario Salvador Torres Ruiz, moderador de una de las mesas de debate, "los notarios -como funcionarios públicos – asesoramos a los ciudadanos para evitar los diferentes conflictos que surgen en materias como sucesiones, régimen económico del matrimonio, patria potestad, incapacidad,… El notario se encuentra en una posición óptima, debido a que su autoridad emana del Estado, pero al mismo tiempo está incardinado en la sociedad civil de la que forma parte, para determinar la ley aplicable a una relación jurídica cuando intervienen en ella personas de distintas nacionalidades"
"La intervención del notario garantiza que la libertad de elegir se ejerza de modo libre y consciente -prosiguió- pues habrá asesorado a los interesados, explicándoles las diversas alternativas con que cuentan y exponiéndoles las consecuencias jurídicas de las decisiones que van a adoptar, habrá controlado la legalidad del documento que recoja su voluntad y, finalmente, proporcionará la necesaria seguridad jurídica, facilitando la tarea de las autoridades judiciales o administrativas".
Salvador Torres resaltó que la existencia de notarios en un gran número de países "es fundamental, en un mundo globalizado, a fin de ofrecer un servicio rápido, seguro, eficaz y válido en países distintos de aquél donde se haya efectuado la elección del estatuto personal".
Alfonso L. Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado, aseguró que la regla de Derecho internacional más ampliamente aceptada es que las partes de un contrato son libres de estipular qué Derecho gobernará su transacción. "Cuando hay conflictos entre dos ordenamientos jurídicos de distintos países cada vez corresponde más al individuo decidir la norma que quiere aplicar. Es decir- aseguró- prima la autonomía de la voluntad, que puede ser recogida previamente ante notario".
Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho Internacional Privado, aseguró que "estamos aquí para defender la autonomía de la voluntad", o lo que es lo mismo, el derecho de las personas a elegir la ley que quieren que rija sus relaciones personales. La catedrática señaló que "los notarios pueden desarrollar en el ámbito de las relaciones internacionales una función esencial de asesoramiento y de prevención de conflictos". Mónica Guzmán analizó en su intervención el fenómeno de la inmigración en la UE y en España, asegurando que hay que partir de tres premisas: que la inmigración va a continuar; que es ne- cesaria para el desarrollo de la economía europea, y que los inmigrantes tiene vocación de permanencia en el país de acogida". Guzmán citó un estudio comunitario de finales de 2010 en el que se concluye que en 2025 serán necesarios en la Unión Europea 65 millones de trabajadores. Sin embargo, en opinión de esta catedrática, "la UE sigue una política muy restrictiva con los inmigrantes, al igual que España", que contrasta con las facilidades que se dan a la concesión de la nacionalidad española.
Pilar Diago Diago, profesora titular de Derecho Internacional Privado, señaló que" la multiculturalidad demanda soluciones jurídicas que nos obligan a replantearnos el Derecho Internacional Privado. Vivimos nuevos tiempos que presentan nuevos problemas y demandan nuevas soluciones", aseveró. "El reto de los juristas, de los notarios, es procurar la convivencia en la diversidad. Ni en España ni en la UE se puede hablar de multicuturalidad sin hablar del Islam, porque hay 13 millones de creyentes que viven en el territorio comunitario; de ellos millón y medio de fieles marroquíes residen en España, y unos 500.000 tienen la nacionalidad española.
Según Pilar Diago "Hay que permitir que las partes sean las que elijan, en documento público ante notario, la ley aplicable a su matrimonio, por ejemplo." De ese modo "la certidumbre jurídica quedaría garantizada". Se planteó también la conveniencia de ampliar las posibles leyes aplicables, añadiendo a las de la nacionalidad y a la de la residencia, la ley religiosa, como se ha hecho en los países anglosajones.
