El Ministro de Justicia ha subrayado que aunque el uso de la tecnología permite grandes avances en beneficio de la seguridad colectiva, necesita marcos muy definidos que garanticen un equilibrio con el sacrificio de derechos.
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó en la Segunda Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de Datos, que “no todo vale con tal de tener seguridad”, estableciendo como límite el cumplimiento de la legalidad. En este sentido, se hizo eco del debate abierto en torno a la posible sustitución de los cacheos en los aeropuertos por escáneres que emplean técnicas de rayos y de la necesidad de respetar la intimidad de las personas, así como de sentencias que han declarado la ilegalidad de cámaras ocultas.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha destacado el "estallido" de denuncias relacionadas con la videovigilancia recibidas en la Agencia durante 2008, que alcanzaron la cifra de 365, una cada día. También puso de manifiesto el notable incremento experimentado por entidades responsables de cámaras de estos dispositivos, que si en 2006 rondaban las 700, en 2007 se incrementaron en más de 5.000, hasta superar las 15.000 en 2008.
El Ministro se refirió también a la controversia que pueden generar las cámaras ocultas, acerca de lo cual se ha pronunciado recientemente el Supremo.
Rallo subrayó se persigue incrementar la transparencia en el trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos ante los profesionales que se dedican al asesoramiento y a la aplicación de la normativa de protección de datos, así como reforzar la naturaleza de la Agencia como servicio público. También, confió en que paulatinamente haya mayor certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.