El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer la designación de Ángel Juanes, Magistrado del Tribunal Supremo, como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. La designación se produjo tras de que los veintiún miembros del Pleno concluyesen que el cargo en la Audiencia Nacional podía ocuparse por un Magistrado del Alto Tribunal, cosa que generó controversia en las discusiones previas.
Ángel Juanes ha sido elegido entre cinco candidatos, los que componían la terna propuesta por la Comisión de Calificación de este órgano – Juanes, Carlos Lesme, a la postre presidente en funciones de la Audiencia Nacional; y Eloisa Vega, Magistrada de lo Contencioso de la propia Audiencia Nacional-, a los que se añadieron Ignacio Espinosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y Javier Gómez Bermúdez Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Estos últimos fueron propuestos por vocales no pertenecientes a la Comisión de Calificaciones.
La elección no ha estado exenta de polémica, por dos motivos; uno acerca de la posibilidad de que un Magistrado del Supremo pudiese ocupar la Presidencia de la Audiencia Nacional, y el segundo, la filtración a la prensa de grabaciones audiovisuales de las entrevistas a candidatos.
Respecto a lo primero, los vocales del CGPJ y su Presidente, Carlos Dívar, tuvieron que elegir entre dos informes jurídicos contradictorios sobre este asunto: uno a favor de que un Magistrado del TS pueda descender a ocupar la Presidencia de la Audiencia Nacional, escrito por el propio Secretario del Consejo, Celso Rodríguez; y otro que defendía la opción opuesta, redactado por el letrado del Servicio de Estudios e Informes, Gonzalo de Aranda.
Respecto a la segunda circunstancia, ayer mismo el Pleno del CGPJ aprobó por unanimidad una declaración que afirmaba que el Consejo General del Poder Judicial reprueba enérgicamente la salida no autorizada de sus archivos de la grabación de las entrevistas con algunos de los candidatos a la Presidencia de la Audiencia Nacional , realizada en el marco del procedimiento de selección en curso, que ha sido parcialmente publicada en algún medio de comunicación con acceso directo a su contenido grabado desde su edición digital.
Tal proceder atenta contra el normal desarrollo del procedimiento de selección, supone una falta de respeto contra los participantes que acudieron a la entrevista y pone en entredicho un medio novedoso, pensado para asegurar la transparencia y objetividad del sistema de selección de los más importantes cargos judiciales.
Por ello, el Pleno del Consejo asegura que la investigación acordada por el Presidente nada más tener conocimiento de los hechos será realizada con todo rigor y, sin prejuzgar su resultado, está dispuesto desde este momento para adoptar las medidas que eviten la repetición de hechos similares en el futuro, a lo que se comprometen todos y cada uno de los miembros del Consejo, sin perjuicio de las consecuencias legales que correspondan en caso de que llegue a concretarse la autoría.