De los 435 previstos, se han aprobado 241 millones de euros para que las Autonomías financien los servicios y prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia. El recorte económico ya había sido anunciado hace algunos días a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial de Dependencia.
En el Consejo Territorial de Dependencia los representantes de las comunidades autónomas se mostraron contrariados con los recortes económicos, que no parecía que iban a afectar con la crisis a las políticas sociales. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, reconoció hace una semana que no se puede descartar que "la coyuntura económica que atravesamos no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia".
Para la distribución de este fondo se han tenido en cuenta criterios como el número y la estimación de personas dependientes en cada comunidad autónoma, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie, la insularidad o el número de emigrantes retornados.