Constituida la comisión institucional que redactará un informe sobre el que se basará el texto legal. Atenderá a los cambios sociales y demográficos de España en los últimos años. Tendrá en cuenta la litigiosidad por Autonomías: Madrid y Valencia soportan una carga de 1.558 y 1.430 asuntos por unidad judicial, respectivamente, mientras que Extremadura tiene 895 y Asturias 898.
El Ministro de Justicia presidió ayer el acto constitutivo de la comisión institucional que se encargará de determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales para la redacción de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. Formada por ocho personas, deberá entregar en el plazo de seis meses un informe con las bases de la norma, pieza también clave en el Plan de Modernización aprobado la semana pasada.
La Comisión que se anunció en el mes de abril, se ha constituido ayer.
La necesidad de una nueva norma que actualice la distribución de las unidades judiciales responde, entre otros aspectos, al incremento de la población española, que ha pasado de treinta y nueve millones de habitantes, a más de cuarenta y seis; así como a la distribución geográfica de éstos, y a la actual configuración del sistema judicial.
El desfase que ha sufrido la Ley ahora en vigor (Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial)lo demuestra el hecho de que contemplaba una planta de 2.500 unidades judiciales para una población de 39 millones de habitantes, mientras que en la actualidad, sin embargo, existe casi el doble de unidades judiciales (4.981) para 46 millones de españoles. El vigente texto ha sido modificado legislativamente catorce veces y desarrollado por sesenta y dos Reales Decretos. Los principales cambios fueron para la creación y sucesiva implantación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los de lo Mercantil; así como el sucesivo incremento de unidades, conforme han crecido las necesidades de la Administración de Justicia.
¿Qué se espera de la Comisión?
La Comisión ayer constituida está formada por Silvia Barona Vilar, José Luis Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Barret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos. Deberán redactar un documento, tras hacer los estudios y análisis procedentes, el cual deberá incluir conclusiones y recomendaciones; y será trasladado al Ministro de Justicia para su elevación al Consejo de Ministros.
La norma deberá dar respuesta al elevado dinamismo demográfico de los últimos años, y a las previsiones de que España supere los 49 millones de habitantes en 2018. Tendrá que corregir el desequilibrio territorial de población experimentado en favor de las zonas de la costa mediterránea y la consiguiente pérdida de población en el centro peninsular.
Las modificaciones que se harán en la Ley tendrán que tener en cuenta necesariamente el esquema de descentralización hacia las Comunidades Autónomas que cada vez es más intenso. Por otra parte, los avances técnicos que las Autonomías son capaces de desarrollar parecen más ambiciosos y funcionales que los del Estado.
De igual modo, la nueva Ley debe adaptarse a los nuevos tipos de juzgados que no estaban contemplados en la Ley de 1988, como los de contencioso-administrativo, los de lo mercantil, los de menores y los de violencia sobre la mujer.
