El Gobierno regional está realizando un estudio sobre las cerca de 600 viviendas con sentencias de derribo que existen en la comunidad autónoma para comprobar cuáles de ellas podrían legalizarse, según ha anunciado hoy el presidente, Miguel Ángel Revilla.

Revilla ha hecho estas manifestaciones en una
entrevista con Onda Cero recogida por Efe, al ser preguntado por el acuerdo del
Parlamento de Cantabria que insta al Ejecutivo a elaborar un plan para resolver
la situación de los afectados por las sentencias de demolición.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que el consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Mazón, está trabajando en
este sentido "con muchísima gente" para "ver qué es
legalizable".
El presidente ha dicho que "hay cosas que se pueden legalizar", según
los informes jurídicos del Gobierno de Cantabria, "y otras que no va a ser
posible". "Va a haber derribos, así de claro. Hay algunas cosas que
sí se pueden legalizar, cumpliendo escrupulosamente la ley", ha
apostillado.
El presidente ha incidido en que "hay temas que no tienen solución",
de manera que "habrá que abordar el derribo de los edificios" y que
los ayuntamientos afronten "en primera instancia el pago" de las
indemnizaciones.
A este respecto, ha considerado que en los casos en que la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) haya avalado las decisiones
municipales "la Administración regional será solidaria" en esos
pagos.
Revilla se ha referido a las 400 viviendas de El Alto del Cuco, en Piélagos,
cuyo plan parcial ha sido anulado, y ha señalado que supone un caso
"clarísimo" y "flagrante" de un ayuntamiento "que tira
adelante" y autoriza la urbanización en contra de los informes de la
CROTU.
Ha lamentado que "lo grave" es que "no hay una instancia en
España para parar estos temas", y ha abogado por la creación de "una
especie de Fiscalía de delitos urbanísticos" que se haga cargo de estos
casos "antes de que sean hechos consumados".
De cualquier modo, ha opinado que El Alto del Cuco "tiene una difícil
salida" ya que, a su juicio, el Tribunal Supremo (TS) ratificará el fallo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el plan
parcial.
"Yo, cuando iba a Torrelavega, era el primero que preguntaba que qué
estaban haciendo ahí", ha indicado Revilla, que ha apostado por crear la
figura de una Fiscalía "que advirtiera de que lo que está haciéndose es
ilegal".
Ha lamentado que los ciudadanos "no pueden parar" esta situación que
produce "unas víctimas inocentes" que han comprado sus viviendas
"pensando que están completamente legalizadas".
Preguntado sobre la posibilidad de que Cantabria cuenta con un centro de alta
tecnología médica en el Hospital Marqués de Valdecilla, Revilla ha asegurado
que habrá "una gran noticia" relacionada con el hospital de
Santander, pero no ha querido adelantar nada al respecto. "Es un tema en
el que van bien las cosas", ha dicho.