Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una "destrucción masiva" en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones". Se propone suspender Fondos Estructurales y de Cohesión si no se toman medidas.
Un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobado ayer critica las prácticas de «urbanización masiva» en España y la «conducta especulativa» de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone «suspender y revisar» todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.
Por tercera vez, el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre el urbanismo en España. El texto aprobado por la Comisión de Peticiones hace más de un mes pasó a Pleno ayer. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007. De hecho, el texto reitera las conclusiones anteriores, que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona.
El texto aprobado ayer reclama, además, una indemnización adecuada para las víctimas de los "abusos urbanísticos" y considera "alarmante" la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.
El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una "profunda revisión" de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de "poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones" recogidos en varios tratados internacionales.
Además, el Parlamento Europeo llama la atención acerca de la "avaricia" y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, "que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de Fondos Estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar.
Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían "detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario".
Sistema judicial e indemnizaciones
Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados "siguen siendo lentos" y califican de "alarmante" la "falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español". También subrayan que las personas "que hayan adquirido de buena fe" una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el documento aprobado hoy aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los proyectos no deben tener derecho a compensación.
