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06/11/2024. 19:56:43
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Tres de las 60 ‘víctimas’ legislativas del adelanto electoral afectan de forma directa a los profesionales jurídicos

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Hasta hace poco tiempo se presumía de que asistiríamos a unos meses de sprint legislativo para poder sacar adelante antes de diciembre un total de 60 proyectos que quedaban pendientes de su aprobación por el Congreso y el Senado. Sin embargo, el adelanto electoral supuso que todos ellos se queden sin ver la luz: el Pleno de la Cámara ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la nueva legislatura.

De entre todas esas normas, hay varias que afectan de forma directa a la Administración de Justicia y a los profesionales jurídicos. Por un lado, las tres Leyes de Eficiencia: Procesal, Organizativa y Digital de la Administración de Justicia y, por otro, la Ley de Derecho de Defensa.

El Proyecto de ley de Eficiencia Procesal y el de Eficiencia Organizativa para mejorar la Justicia se encontraban a la espera de pasar a comisión de forma conjunta como paso previo a su votación en el Pleno y la titular de Justicia, Pilar Llop, esperaba aprobarlas esta legislatura, cuyo final se preveía para final de año. El Ministerio siempre ha defendido que este conjunto de normas servirá para atender, de forma prioritaria, a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia. Se trataba, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, del «intento más ambicioso que podamos haber realizado en este país para traer, de una vez por todas, la Administración de Justicia al siglo XXI».

Ambas normas, que formaban la columna vertebral del Plan Justicia 2030, tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de los tribunales desde los medios operativos y propiamente procesales. Sin embargo, con la convocatoria de elecciones todas las iniciativas legislativas decaen y tendrá que ser el próximo Ejecutivo quien, bien las retome en su redacción actual o modificándolas, o bien prescinda de ellas.

Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa

El Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril, es otra víctima de la convocatoria de elecciones. Suponía un paso adelante en materia de derechos de ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa y el asesoramiento legal. Cabe recordar que el Consejo General de la Abogacía Española remitió el pasado 11 de mayo a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un paquete de 14 enmiendas para mejorar y completar el texto. Las propuestas de enmiendas fueron elaboradas en sesiones deliberativas en el marco del XIII Congreso de la Abogacía Española, celebrado recientemente en Tarragona.

El texto, que tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados, era una reivindicación histórica de la Abogacía que, desde hace más de una década, ha venido demandando su elaboración para la mejora de los derechos de la ciudadanía. El proyecto de ley recoge ya algunas de sus peticiones en asuntos tales como: la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia, entre otros.

Otras leyes que se quedan sin culminar su aprobación

La ley de familias

La ley ampliaba el reconocimiento jurídico de la diversidad de distintos modelos de familias. Entre las principales novedades, crea tres permisos adicionales: un permiso de cuidado de cinco días al año; un permiso parental de ocho semanas hasta que los hijos o las hijas cumplan los ocho años, y un permiso por causa de fuerza mayor que se puede distribuir por horas y que pueda alcanzar hasta un total de cuatro días al año.

Ley Orgánica de representación paritaria

El Consejo de Ministros remitió el 23 de mayo al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión

El objetivo, ya inviable, era que la norma se publicara antes de que finalice la presente legislatura. El proyecto de Ley Orgánica se extiende a distintos ámbitos de la sociedad civil. La representación equilibrada deberá cumplirse en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El número de mujeres no podrá ser inferior al 40 % del total de los miembros de las juntas de gobierno en los entes colegiales profesionales. Lo mismo que en los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las grandes empresas no cotizadas (aquellas con más de 250 trabajadores o una cifra de negocios superior a los 50 millones de euros).

Ley de la Función Pública

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión extraordinaria del pasado 16 de marzo el proyecto de Ley de Función Pública, una norma que tiene por finalidad reformar las Administraciones Públicas (AAPP) y profundizar en la modernización de los servicios públicos. El texto fue remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia. Modificaba el enfoque de los procesos de evaluación del desempeño, eliminando las menciones a efectos negativos para utilizarla como una medida de incentivo. Además, El proyecto de Ley de Función Pública incluirá un nuevo título sobre derechos y deberes del personal, en el que se recogen materias como el derecho de vacaciones, los permisos o la adaptación de la jornada y el horario de trabajo. Para ello, se equiparan las parejas de hecho registradas oficialmente a los cónyuges unidos en matrimonio, lo que homologará el acceso a permisos o situaciones administrativas.

Reforma de las pensiones

La segunda fase de la reforma de pensiones que el Gobierno logró aprobar el pasado mes de marzo no podrá incorporar enmiendas de los socios de investidura a consecuencia del adelanto de las elecciones generales. En este sentido, el diálogo social tampoco podrá abordar la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, un compromiso adquirido en el marco de la reforma de las pensiones que se quedará sin desarrollo. El texto fue aprobado vía real decreto ley en marzo y convalidado dos semanas después en el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de sus socios de investidura. No obstante, dieron este respaldo a cambio de que el texto fuera tramitado como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas. Será este paso el que no pueda realizarse por la disolución de las Cortes Generales tras el adelanto electoral, por lo que la reforma de pensiones no sufrirá cambios con respecto a la redacción aprobada en Consejo de Ministros.

Ley de derecho al olvido oncológico

El derecho al olvido oncológico busca que las personas que hayan padecido un cáncer a lo largo de su vida no tengan que justificar su historial en el momento en que decidan contratar un seguro de vida, pedir cualquier tipo de préstamo o incluso comprar una vivienda.

Esta ley pretendía «declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios», o «evitar que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros, o «establecer, por primera vez, el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario».

Ley de desperdicio alimentario

El Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario estaba a falta de aprobación en el Senado para evitar el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida en toda la cadena de producción. Se trataba de la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el fin de evitar el desecho de alimentos sin consumir y favorecer que se aprovechen mejor. El texto regulaba, por otra parte, la donación a bancos de alimentos, estableciendo que solo podrán ser donados aquellos que estén dentro del periodo de consumo preferente, es decir, dentro del plazo en el que todas sus características están efectivamente vigentes.

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