El Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, anunció ayer que en los próximos días el Ministerio firmará convenios con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para interconectar los órganos judiciales. Bajo su punto de vista, ello concreta “de forma inequívoca” el compromiso de esas dos instituciones y del Ministerio de Justicia para llevar adelante el objetivo de la modernización tecnológica.
Desde que se generalizaron las tecnologías en la Administración pública, relumbra el déficit de éstas en la Justicia. Más aún, si cabe, desde que diversos fallos de coordinación llevaron a desastres, como el tristemente famoso "caso Mariluz".
Lo cierto es que, en especial desde la entrada del Ministro Caamaño, se están haciendo muchos esfuerzos por la interconexión entre sedes judiciales. Especialmente útil, el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, de cuyo marco normativo desmenuzamos en Legal Today.
Novedades anunciadas por el Secretario de Estado de Justicia
Juan Carlos Campo expuso ayer en la UIMP que, en el plazo de un mes, se irán firmando de manera progresiva convenios con las Comunidades Autónomas que tienen competencia en materia de Justicia. "No es, ni mucho menos, una quimera", recalcó Campo, quien indicó que pronto se tendrán implementadas las medidas organizativas y los recursos tecnológicos necesarios para colocar a la Administración de Justicia en el siglo XXI.
En esta línea, Campo explicó que el denominado Esquema Judicial de Interoperabilidad de Sistemas permitirá, a través de plataformas tecnológicas, el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia.
El Secretario de Estado reconoció que la Justicia española "se sigue percibiendo como lenta e ineficiente y, en buena medida, lo es", ya que según los datos de las encuestas un 77 por ciento de los ciudadanos considera que los órganos judiciales funcionan regular, mal o muy mal. Así, indicó que con más de 9 millones de asuntos, las 4.980 unidades judiciales existentes en España "apenas dan abasto", a pesar de que sólo en 2009 el Ministerio de Justicia ha invertido 92 millones de euros en nuevas tecnologías.
