Un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables de asesinato a los ocho acusados de acabar con la vida del abogado Alfonso Díaz Moñux, que murió el 18 de diciembre de 2008 de dos tiros en el garaje de su vivienda en el distrito de Chamartín (Madrid).
Concluidas las deliberaciones, el Tribunal del Jurado hizo público ayer u veredicto sobre los hechos objetos de la vista oral. Así, declara culpables a los procesados, cuatro españoles y cuatro colombianos, del asesinato del letrado madrileño.
En su informe final, el fiscal elevó a 25 años de cárcel la solicitud de condena para siete de los ocho, mientras que a uno de ellos le rebajó los 15 años que solicitaba por tres años y nueve meses por colaboración.
La vista oral concluyó sin que se sepa quién ordenó la muerte, algo que se investiga aún en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, y sin que se conozca la recompensa exacta que obtuvieron los que participaron.
Los abogados de las acusaciones particulares, que defienden a su hermano, a sus padres y a su esposa e hijos, se sumaron a la solicitud de penas del Ministerio Público.
Muerto a tiros
Los procesados fueron presuntamente contratados para cometer el asesinato, que se llevó a cabo cuando el letrado se encontraba en el interior de su coche, dentro de un garaje ubicado en el distrito de Chamartín. Según el fiscal, dos de los acusados se reunieron a finales de diciembre de 2008 en una cafetería con un tercero para hablar sobre el encargo recibido para acabar con la vida del letrado.
Así, la persona que recibió el encargo propuso a otro de los acusados llevarlo a cabo a cambio de 60.000 euros. La víctima recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Los hechos ocurrieron sobre las 21.40 horas en un garaje ubicado en el número 14 de la calle Antonio Rodríguez.
El abogado, que solía trabajar en casos relacionados con el tráfico de drogas, representó a uno de los acusados –un policía de San Martín del Rey– en la conocida 'Operación Pipol', en la que por primera vez se acusó a Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro (ambos imputados por la masacre del 11-M) de tenencia y tráfico de dinamita y detonadores.
En este proceso, que comenzó en 2001, la Policía encontró 84 kilos de hachís, 3 de cocaína y casi 5 millones de las antiguas pesetas, además de descubrir 16 cartuchos de dinamita y 96 detonadores eléctricos