La Global Alliance of Law Firms solicita al G-20 la creación de una sede judicial económica sin fronteras.
La Alianza Global de Abogados del Caso Madoff dio ayer un paso más en su andadura de búsqueda de una respuesta global ante problemas globales, que surgió, en principio, como reacción profesional para la defensa de los afectados por el fraude de Bernard L. Maddoff. Es una ambiciosa propuesta, dirigida a los miembros del G-20: la creación de una Corte Financiera Internacional. Se da en un momento en que diferentes instancias supranacionales están diciendo de un modo u otro que ser realista y querer ser eficaz pasa por no detenerse ante idiomas o fronteras, porque el dinero viaja a golpe de ratón.
Hace pocos días nos hacíamos eco en Legal Today acerca de que la Comisión Europea urgía la existencia de una autoridad financiera supranacional con poder efectivo. Ayer, en Nueva York, Javier Cremades, hizo un nuevo llamamiento a "adoptar y liderar las medidas que deben conducir a la creación de un marco de seguridad jurídica internacional, transparencia, y confianza en el mercado". Para ello tendría que haber una sede jurisdiccional efectiva, cosa que se quiere sugerir seriamente para la próxima reunión del G-20, que se celebrará en Londres el próximo 2 de abril.
La propuesta supone poner por obra algunas de las conclusiones de la reciente cumbre de Washington del pasado 15 de noviembre, que planteaba como uno de sus cometidos la promoción de la integridad en los mercados financieros, junto con un refuerzo de la cooperación internacional y una reforma de las instituciones financieras internacionales.
Las dimensiones de un fraude como el de Madoff, su extensión geográfica, la cuantía y el número de afectados convierte en necesario la articulación de instituciones como una Corte Financiera Internacional, con competencia para conocer de las conductas lesivas de los derechos establecidos en la Declaración; y facultades homogéneas en todos los territorios de supervisión, inspección y sanción directamente aplicables. Esta Corte Financiera Internacional, que debería depender de los máximos órganos internacionales, como la ONU o el Fondo Monetario Internacional, debería ser de obligada adhesión para las entidades que presten sus servicios en los mercados internacionales. De este modo, los afectados por fraudes financieros masivos podrían optar por sus juzgados nacionales, esta Corte Financiera.
Para Javier Cremades "sólo con instituciones como la que proponemos podrá considerarse que los espacios para la impunidad se han visto reducidos, y que por tanto la seguridad jurídica ha avanzado en el ámbito del sistema financiero internacional".
