Greenpeace no considera suficiente el número de sentencias contra los incendiarios y pide a la justicia que endurezca las penas.
El informe "Incendios forestales. ¿El fin de la impunidad?" presentado ayer por Greenpeace pone de manifiesto que uno de cada 1.000 incendiarios se acerca al juzgado. El informe hace un balance de la persecución judicial a los autores de incendios en bosques desde 1996, un año después de la reforma del Código Penal que pasó a considerarlos delito.
Greenpeace tiene en cuenta el esfuerzo de la justicia por agilizar el proceso judicial contra los pirómanos, pero no considera suficiente el número de sentencias contra ellos. Según la organización, la Justicia tarda un año en detener y llevar a juicio al responsable de un incendio, aunque el informe reconoce que este periodo de tiempo ha disminuido en los últimos años.
Sin embargo, sigue habiendo demasiados fuegos cuyos autores quedan libres de culpa. Y aunque el número de sentencias es difícil de calcular, Greenpeace estima que entre 1995 y 2006 se condenó por ello a casi 600 personas. Teniendo en cuenta que cada año se produce una media de 2.000 incendios, la cifra es muy baja.
Según Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace: "Estamos perdiendo la batalla contra el fuego. La justicia debería endurecer la tarea preventiva y endurecer las penas. Hay que considerar punible cualquier imprudencia".
En cuanto a las penas, las condenas por provocar fuegos pueden llegar a durar 20 años, sólo en los casos en que los hechos sean intencionados y entrañen peligro para la integridad física. No obstante, la pena más grave encontrada por Greenpeace ascendía a 8 años de cárcel y una multa de 385.000 euros a un hombre que provocó un incendio en Ojén (Málaga) en el año 2001.
Además, el 78% de las sentencias analizadas por la ONG desde la reforma del Código Penal fue punitiva y el resto absolutorias. Y en Galicia, comunidad en la que se registran la mitad de los incendios de España, se archivó el mayor número de sentencias.
