Actualidad Jurídica

La firma abre dos nuevas oficinas en São Paulo (Brasil) y Munich (Alemania)

"AEADE cumple 10 años en el 2010. En ese aniversario AEADE debe estar situada al frente del arbitraje doméstico" "España debe ser, por idioma y por situación geográfica, una de las tres primeras opciones a la hora de elegir la sede del arbitraje" "El arbitraje es la máxima exaltación de la autonomía de la libertad" "Pocas universidades y facultades de derecho tratan la figura del arbitraje con la importancia que merece"

Luis de Valle formará equipo con diversos profesionales, entre ellos: Jesús Zapata, Socio; César Herrero y Alfredo Barona, Abogados Asociados Senior; y Javier López...

Desestima la indemnización de 300.000 euros por daños y perjuicios que pedía el demandante al Ministerio de Economía, de quien dependía Tabacalera. La Junta de Andalucía, como demandante, espera sentencia de la misma sede por una demanda similar. La Audiencia Nacional ha resuelto por primera vez una demanda por tabaquismo. La Sala Sexta de lo Contencioso-Administrativo ha concluido, en una sentencia cuya ponente ha sido la magistrada María Asunción Calvo Tambo, que fumar provoca menoscabo de la salud y es un factor cancerígeno. A la vez, exonera a la Administración del Estado de la responsabilidad patrimonial que argüía el demandante fundándose en que Tabacalera fue monopolio estatal hasta 1998.

De acuerdo con las normas internacionales y europeas, la seguridad aérea es una responsabilidad que compete en primer lugar a los operadores. Se creará escindiendo la actual Dirección General de Aviación Civil. La Dirección General de Aviación Civil conservará la potestad normativa.

El Ministerio reconoce, de todos modos, la valoración positiva del trabajo habitual de Juana Gálvez por parte de sus colegas; y el enorme volumen de señalamientos y trámites legales en la sede. El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales cree que el Ministerio "ha buscado un chivo expiatorio". El Ministerio de Justicia ha decidido sancionar con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz; sede que retrasó en más de dos años la ejecución de la sentencia que habría supuesto que el presunto asesino de Mariluz estuviese encarcelado cuando ocurrieron los hechos que dieron con la muerte de la niña.

En algunos convenios colectivos muy recientes se observa una tendencia a la innovación de sus contenidos, siendo uno de los más llamativos el de los Códigos de conducta y los Protocolos de actuación en caso de acoso, tanto moral como sexual. El carácter normativo de estos códigos y protocolos supone su institucionalización en el seno de las empresas, lo que permite establecer procedimientos transparentes para la canalización interna de las situaciones de acoso, pero también, al mismo tiempo, constituye un factor de protección frente a eventuales reclamaciones judiciales o administrativas. Rodrigo Martín Jiménez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos, desde 2002.

El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales es la base del espacio judicial europeo, desde que fuese consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la "piedra angular" de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión Europea. Ya están incorporadas al ordenamiento español instrumentos similares, como la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, a través de la Ley 3/2003; y la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, recientemente incorporada a nuestro derecho mediante la Ley 18/2006.

Lleva a efecto las directrices marcadas por la Unión Europea acerca de la ordenación de los flujos migratorios, su vinculación con el mercado de trabajo y la cooperación al desarrollo. Hay antecedentes en los países del entorno comunitario, como la experiencia de la República Federal de Alemania en los años 80, que permitió el regreso voluntario a sus países de origen de miles de trabajadores. El Ministro justificó ante la Cámara la coherencia de haber legislado este supuesto por Decreto-Ley.