El pasado día 3 de enero, el Ministro de Justicia anunció sorpresivamente la posibilidad de habilitar el mes de agosto a todos los efectos procesales. Es necesario abrir un debate entre los profesionales jurídicos acerca de la procedencia de una medida con pocos beneficios para el sistema pero de enorme relevancia organizativa para todos los operadores que se relacionan con la Justicia.
Tengo que reconocer que mi primera reacción ante la noticia fue descartar que estuviéramos a 28 de diciembre, para ,a continuación, empezar a sentir sudores viéndome pertrechado de corbata y toga en plena canícula y atormentado por un pensamiento "Abogado, no volverás a dormir tranquilo más de dos días seguidos en lo que te resta de vida".
Una vez superado el pánico inicial, lo cierto es que todos sabemos que agosto ya es hábil para ciertas actuaciones: instrucción, jurisdicción voluntaria, juicios posesorios, familia, medidas cautelares…etc; de sentido común teniendo en cuenta la urgencia exigida a ciertos actos y procedimientos. Pero la generalización de agosto como hábil a todos los efectos, tendrá sin duda gran relevancia ya que exigirá el mismo nivel de exigencia profesional durante todos los días del año.
El Ministro ha achacado la inhabilidad de agosto a simples motivos históricos que se ven superados por los medios materiales actuales. No estoy de acuerdo. La Justicia es una enorme maquinaria que no para nunca, más torpe y anquilosada de lo deseable, pero en el fondo pilotada por seres humanos que necesitan descanso. Precisamente el hecho de que no se para nunca, exige un periodo en el que el ritmo baje para reparar averías y que los medios humanos puedan descansar de una manera coordinada.
Porque ¿Qué gana la Administración de Justicia con la habilitación de agosto? Jueces, Secretarios y funcionarios seguirán tomando las vacaciones a que tienen derecho pero repartidas durante todo el año. La consecuencia será que siempre va a faltar alguien que provocará retrasos asistemáticos de los expedientes, además de provocar el necesario gasto por sustituciones. Ahora la paralización se concentra en agosto, mes en el que tradicionalmente se han podido sacar asuntos "enquistados" y el trabajo acumulado, para comenzar septiembre un poco más aliviados. En resumen, la preferencia de vacaciones en agosto es más eficiente.
En cuanto a los profesionales, como abogados y procuradores el efecto es evidente, habrá que reorganizarse para estar igual de atentos los 365 días del año, siempre podrá ser notificada una Sentencia que requiera solicitud de aclaración en el plazo de 2 días. Las nuevas tecnologías ayudan, a pesar de que la generalización de LEXNET no acaba de arrancar, pero por el momento los smartphones no permiten adjuntar documentos originales.
Los grandes y medianos despachos de abogados podrán reorganizarse a duras penas, no perdamos de vista que la confianza del cliente y el conocimiento del asunto dificultan sobremanera las sustituciones de Letrado, pero para los profesionales que ejercen individualmente, abogados y procuradores, es devastador: o renuncian a sus vacaciones de por vida o cambian de profesión.
Sorprende que la Judicatura no se haya opuesto (al menos la asociación mayoritaria), y también que haya mostrado su posición tan rápido. Siempre es mejor habilitar agosto que una nueva bajada de sueldo, además las vacaciones se pueden coger en cualquier otro momento.
En resumen, la Justicia tiene problemas y hay que tomar medidas urgentes que sin duda exigirán un esfuerzo común, pero la habilitación de agosto no pasa de ser una medida populista y sin coste económico. Su finalidad es clara: desviar la atención de los verdaderos y graves problemas del sistema como son la modernización y la creación de plazas judiciales suficientes.
