- Se trata de una resolución que debería preocupar tanto a los operadores jurídicos como a la ciudadanía
- Es urgente la implementación de una solución normativa en el marco de la resolución dictada, para corregir esta situación de incertidumbre
A finales del pasado mes de enero conocíamos la STS de 23 de diciembre de 2022 que sanciona la recopilación de criterios del Colegio de la Abogacía de Madrid en la emisión de sus dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial.
A nuestro juicio, se trata de una resolución que debería preocupar tanto a los operadores jurídicos como a la ciudadanía porque compromete los principios de seguridad jurídica, dificulta el acceso a la tutela y quiebra el principio de transparencia e información sobre el que se asienta jurídicamente la protección del consumidor.
En primer lugar y como premisa elemental, el ICAM acata y respeta la resolución dictada por más que ha de expresar al mismo tiempo su respetuosa discrepancia y honda preocupación. En la abogacía existe un alto grado de competencia y de disparidad de precios. Sin embargo, esta decisión hunde a los consumidores en la incertidumbre sin poder tener conocimiento aproximado sobre los eventuales costes de un litigio, pudiendo ello suponer un freno importante al acceso a la tutela judicial ante la ausencia de una previsión razonable de los efectos económicos que puede conllevar una acción judicial.
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