El autor afirma que el daño ecológico, económico y social que provocan todos los incendios no se resuelve con la represión del delito. Por ello, pide que la Administración y la Fiscalía, además de perseguir y enjuiciar a los culpables, trabajen de forma más activa en el plano de la prevención.
En España se producen anualmente una media de 20.000 incendios forestales, fenómeno que los españoles identifican como uno de los principales problemas ambientales que afectan a nuestro territorio. Pero durante décadas quemar el monte no ha tenido apenas consecuencias para los responsables de estos desastres.
La reforma del Código Penal, en el año 1995 ofreció un nuevo escenario para abordar este problema. Desde la sociedad civil se ha venido reclamando esta respuesta como forma de disuadir a los responsables de estos fuegos y acabar con la sensación de impunidad. Pero los grupos ecologistas también somos conscientes de que ésta no es ni la única respuesta, ni la principal solución al problema de los incendios forestales.
La aplicación del Código Penal es ineludible. Pero el daño ecológico, económico y social que provocan los incendios forestales no se resuelve ni se compensa con la represión del delito. Por este motivo, además de perseguir y enjuiciar a los culpables, la Administración y la Fiscalía deben trabajar de forma más activa en el plano de la prevención.
La creación de las fiscalías de Medio Ambiente ha sido un avance que ya ha empezado a dar sus frutos y que serían muchos más si estas fiscalías dispusieran de los medios necesarios para articular y coordinar la investigación al frente de los delitos de incendios forestales como una de sus competencias. Estas fiscalías deben buscar soluciones más allá de las estrictamente referidas a la aplicación exclusiva del Código Penal.
Desde 1995, pero de manera especial en los dos últimos años, las Memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente recogen una importante actividad preventiva sobre algunas causas de incendios forestales, referidas tanto a la responsabilidad de empresas privadas (líneas eléctricas, autopistas) como ayuntamientos (vertederos). Pero todavía falta una mayor acción preventiva en lo que parecen ser algunas de las principales causas de incendios forestales en España, la quema de rastrojos y la quema para la obtención de pastos.
Según informa la Fiscalía General del Estado, el año pasado se dictaron 101 sentencias por delito de incendio forestal. Y el trabajo en materia de prevención ha sido importante. En toda España se han cerrado vertederos ilegales y se han revisado miles de kilómetros de líneas eléctricas. Después de dos años buenos en materia de incendios forestales, 2006 y 2007, el año 2008 está siendo, hasta la fecha, esperanzador. También lo fueron los dos años anteriores. Quizás la acción de las fiscalías tenga algo que ver.
