La atomización de los operadores, la rigidez de la demanda, la estacionalidad en el mercado o los costes de producción elevados son solo algunas de las principales características que hacen que el sector agroalimentario sea considerado como especialmente vulnerable.
El legislador se ha marcado el objetivo de corregir esta situación en la nueva Ley 16/2021, que promueve una mayor eficacia y competitividad en los sectores que integran la cadena alimentaria y sus operadores. Para lograrlo, esta ley apuesta por la sostenibilidad como una de las medidas para mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria.
En consecuencia, además de los nuevos requisitos legales que deberán observar los contratos alimentarios a partir del 1 de mayo de 2022, no debería sorprendernos que los operadores empiecen a solicitar medidas complementarias para desarrollar sus actividades de forma más sostenible.
Acciones destinadas a prevenir el desperdicio de alimentos, reducir el consumo de agua, el uso de envases reciclados o el diseño de una cadena de frío más eficiente serán cada vez más determinantes para cerrar este tipo de contratos. En este mismo sentido apunta el documento publicado por Forética sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios.
La sostenibilidad, que se encuentra presente de forma transversal en los criterios ESG, es un principio fundamental para la gestión adecuada y equilibrada de la cadena alimentaria, y será uno de los puntos a debatir en el próximo Congreso ESG.
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