Esta semana el Congreso el Pleno del Congreso de los Diputados se reunió el miércoles 29 de abril, para celebrar la sesión de control al Gobierno y debatir y votar la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación tributarias.
La Mesa del Congreso de los Diputados, ha acordado por unanimidad en su reunión del 28 de abril la creación de una Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, a propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común.
A continuación, les resumimos la actividad parlamentaria más destacada, desarrollada durante la semana del 27 al 30 de abril.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Pleno
El Pleno del Congreso de los Diputados se reunió el miércoles 29 de abril, para celebrar la sesión de control al Gobierno y debatir y votar la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación tributarias.
La sesión de control al gobierno, comenzó con las 15 preguntas que plantearon los Grupos Parlamentarios, de las cuales ha contestado tres el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; una el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; dos la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; una el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; una la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; dos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; dos la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; dos el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y una la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Tras las preguntas, se han debatido las dos interpelaciones urgentes registradas. La primera del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil), a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que exponga las medidas que prevé el Gobierno para garantizar una salida social y justa a la crisis económica tras la pandemia de la COVID-19. La segunda la del Grupo Parlamentario VOX, para que el Gobierno explique las medidas que ha adoptado y que va a adoptar para proteger a la población de mayor edad en España y que ha contestado el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Tras la sesión de control, se han debatido dos reales decretos-leyes:
El primero, el Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Fue aprobado con 209 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones. Asimismo, ha sido aprobada su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia, con la emisión de 172 votos a favor, 169 en contra y 9 abstenciones. Por tanto, enviará a la comisión correspondiente, donde se debatirán las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios para ser remitido posteriormente al Senado.
El texto, fue defendido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende el amparo de todas las víctimas de violencia, no solo de género, sino también de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, durante la crisis ocasionada por el COVID-19.
Este Real Decreto-ley se estructura en dos capítulos. El primero de ellos contiene seis artículos destinados a asegurar la asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado de alarma. A tal efecto, se garantiza la prestación de los servicios de información y atención telefónica 24 horas habituales y se añade un nuevo canal de comunicación vía WhatsApp. Para ello, se tipifican como esenciales los trabajos desempeñados por organizaciones, asociaciones o servicios para víctimas de violencia machista.
El paquete de medidas del real decreto-ley incluye los servicios de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados y alojamientos seguros, así como la disponibilidad de establecimientos de régimen turístico, en el caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma. Asimismo, se mantendrán con normalidad los servicios de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
Finalmente, el segundo capítulo de esta norma recoge medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por las comunidades autónomas.
A continuación, se ha debatido el Real Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidación tributarias.
Fue convalidado con 342 votos a favor, 0 votos en contra y 8 abstenciones. Asimismo, se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 88 votos a favor, 252 en contra y 9 abstenciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha iniciado el debate con la justificación de la necesidad y urgencia de las medidas expuestas en este texto. Acto seguido, han intervenido los representantes de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, para defender sus su posturas.
Este texto ofrece a pymes y autónomos, con un facturación inferior a los 600.000 euros, la posibilidad de presentar hasta el 20 de mayo sus declaraciones correspondientes al mes de abril. Es decir, se amplía un mes el plazo voluntario habitual de presentación y pago de la declaración trimestral del IVA correspondiente al primer trimestre del año, así como el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y el del IRPF, como medida para combatir los efectos del COVID-19 en la actividad de estos colectivos. De igual forma, para las las declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se efectuarán el 20 de mayo.
El Ejecutivo prevé que esta prórroga beneficie al 95 % de empresas y autónomos que deben presentar su declaración tributaria en abril, lo que se corresponde, aproximadamente, con 3,4 millones de contribuyentes. Con esta moratoria, pymes y autónomos podrían disponer de una liquidez adicional de 3.558 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno.
De igual forma, con el real decreto-ley aprobado hoy, el Ministerio de Hacienda pretende ampliar el margen de los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en este momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria.
Adicionalmente, este texto prevé la gestión de créditos relacionados con el COVID-19,
de manera que se puedan librar a las comunidades autónomas créditos extraordinarios o suplementarios en un único pago, en lugar de los pagos trimestrales que establece la Ley General Presupuestaria. El objeto exclusivo de estos créditos deberá ser afrontar la situación derivada del COVID-19 en sectores, servicios, actividades o materias cuyas competencias pertenezcan a las Comunidades Autónomas.
Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica tras el COVID-19
La Mesa del Congreso de los Diputados, oída la Junta de Portavoces, ha acordado por unanimidad en su reunión del 28 de abril la creación de una Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, a propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común.
El trabajo de la Comisión para la reconstrucción económica y social versará sobre cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
Una vez aprobada la constitución de la Comisión, se abre el plazo para la designación de sus miembros, que finaliza este jueves, 30 de abril, a las 18,00 horas. La Comisión estará integrada por 46 miembros, distribuidos de la siguiente forma entre los grupos parlamentarios:
- G.P. Socialista: 13 miembros.
- G.P. Popular: 9 miembros.
- G.P. Vox: 5 miembros.
- G.P. Confederal de Unidas Podemos-EC-GC: 4 miembros.
- G.P. Republicano: 1 miembro.
- G.P. Plural: 4 miembros.
- G.P. Ciudadanos: 1 miembro.
- G.P. Vasco (EAJ-PNV): 1 miembro.
- G.P. Euskal Herria Bildu: 1 miembro.
- G.P. Mixto: 7 miembros.
El plan de trabajo de este órgano se acordará en la propia comisión. El plazo previsto inicialmente, que podrá ser prorrogado por la Mesa oída la Junta de Portavoces, es de dos meses, y una vez finalizadas sus sesiones la comisión emitirá un dictamen que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.