El Gobierno de España, alineándose con la estrategia de la Unión Europa, ha desarrollado una propuesta de Agenda Digital como marco de referencia que establezca una hoja de ruta en materia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica.
Su elaboración, liderada desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha contado con la participación de expertos externos, empresas privadas, asociaciones sectoriales, así como de otras Administraciones.
Su presentación se llevo a cabo el pasado 25 de julio, abriendo su contenido a consulta pública mediante la creación de su web la cual se ha cerrado este 30 de agosto. En este site, mediante el que se impulsa la transparencia y la participación ciudadana propia del e-Government, cualquier ciudadano puede participar en foros de debate y realizar propuestas para cada una de las medidas contenidas en la propuesta.
Dentro de esta línea; acercar la administración y el gobierno a los ciudadanos, se presentan, entre otras medidas:
1. Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas, diseñando servicios públicos 2.0.
2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas, potenciando los sistemas de identificación y firma electrónica de los servicios públicos.
3. Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas mediante la compartición de servicios e infraestructuras.
4. Establecer un nuevo modelo de administración electrónica basado en la cooperación y colaboración, con el fin de reutilizar proyectos, servicios entre diferentes entidades públicas, y, sobre todo, crear foros para compartir experiencias en este ámbito.
5. Emplear la tecnología para proporcionar mejores servicios públicos: destacando la Sanidad, la Educación y la Justicia.
Todas ellas vienen a reforzar lo ya expuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como lo dispuesto en uno de sus reglamentos de desarrollo, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
En conclusión, alcanzar una eficiente e-Administración, siendo conscientes de la reducción de déficit público que ello implica, para ofrecer una Administración Pública propia del siglo XXI a unos ciudadanos que conviven con las nuevas tecnologías.
