La Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea durante el año 2014, un documento en el que España ha reincidido situándose entre los países más infractores (sólo por delante de Italia y Grecia).
En el 32 informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE, la Comisión ha revisado el comportamiento de los Estados miembros en aquellos aspectos clave para la aplicación del derecho de la UE, concluyendo que en el ejercicio 2014 aumentaron ligeramente los procedimientos de infracción respecto a 2013 (de 1300 a 1347 casos).
Fuente: Comisión Europea
La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembro por diversas causas, por ejemplo, si éste no pone fin a un presunto incumplimiento del Derecho de la Unión, o cuando dicho Estado no notifica las medidas de transposición de una directiva en el ordenamiento jurídico nacional antes del vencimiento del plazo acordado.
Asimismo, las medidas de sanción pueden estar motivadas por una investigación de la propia Comisión o por una denuncia de un ciudadano o de una empresa, principalmente en el ámbito del empleo, del mercado interior y la justicia, cuando la legislación de un país no respeta los requisitos de la legislación europea.
Como sucediera en el anterior informe de 2013, las materias más sensibles y que han motivado la apertura de más casos de infracción, continúan siendo medio ambiente, transporte, mercado interior y servicios.
Uno de los principales caballos de batalla es la transposición tardía de directivas, una de las áreas que la Comisión se ha comprometido a resolver dado que los retrasos del Derecho de la Unión "impiden que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que aporta, afectan negativamente a la seguridad jurídica en general y genera injustas desigualdades en el mercado interior". En concreto, durante 2014, el número de casos iniciados por este motivo aumentó un 22% respecto al año anterior.
Más allá del apercibimiento, no transponer una directiva a tiempo puede ir más lejos. Así, la CE ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuatro casos en los que ha solicitado la imposición de multas económicas (contra Bélgica, Irlanda y Finlandia) al amparo del sistema de sanciones financieras introducido por el Tratado de Lisboa.
España, mal alumno de la UE
El documento revela que los tres Estados miembros que han registrado el peor balance en este sentido son nuevamente Grecia, Italia y España. Por el contrario, Hungría, Estonia y Malta se sitúan entre los socios europeos que más han cumplido con los requerimientos de Bruselas.
Fuente: Comisión Europea
La Comisión señala que, por tercer año consecutivo, España se encuentra entre los tres países más incumplidores, sumando 86 casos de infracción abiertos hasta el 31 de diciembre de 2014 relativos a transposición incorrecta o tardía, o una mala aplicación del Derecho de la Unión.
De los 42 nuevos procedimientos de infracción, nueve de ellos correspondieron a casos de carácter medioambiental, tales como la existencia de vertederos incontrolados, el incumplimiento de los estándares de calidad del aire en aglomeraciones urbanas y el deterioro del entorno de Doñana. Otros siete, por ejemplo, se registraron en el ámbito de la movilidad y el transporte donde, entre otras, se detectaron deficiencias en la aplicación de la legislación europea conocida como "Cielo Único" o en la puesta en marcha de la legislación sobre el primer paquete ferroviario.
Por otra parte, el organismo ejecutivo hace hincapié en que España ha fallado a la hora de cumplir su obligación prevista en el artículo 108 del Reglamento 1083/2006 acerca de las "vacaciones fiscales vascas". Este asunto culminó con la sentencia de 23 de enero de 2014 (C-184/11) que condenó a España al pago de una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas a empresas. Estos seis regímenes de ayudas fiscales en las provincias del País Vasco (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya) fueron declarados ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra del año 2006. Estas ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir sustancialmente el impuesto de sociedades a empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios en su cuenta de resultados.
Por último, conviene destacar que durante 2014, las denuncias contra España ante la UE interpuestas por particulares, empresas u organizaciones por vulnerar la legislación comunitaria, llegaron hasta las 553, superando las 439 registradas en el ejercicio anterior.
