Si bien los primeros casos de SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) fueron detectados en Estados Unidos ya en la década de los ochenta, en los últimos años las demandas estratégicas contra la participación pública han ido aumentando progresivamente tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo, lo que ha obligado a promover reformas legislativas para hacer frente a este fenómeno abusivo.
A la fecha, 33 de los 50 Estados que conforman Estados Unidos se han dotado de una legislación anti-SLAPP, entre ellos Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawai, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nebraska, Nevada, New México, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y Washington.
Por lo general, las medidas adoptadas por esta legislación incluyen la posibilidad, por parte de las personas demandadas, de obtener una desestimación anticipada del juicio y de reclamar y obtener una compensación total por los daños materiales e inmateriales sufridos, en caso de que la demanda se declare abusiva, así como de apelar inmediatamente la denegación de una moción anti-SLAPP por parte de un tribunal de primera instancia.
No obstante, al tratarse de un fenómeno heterogéneo y multiforme, acerca del cual aun no existe una definición consensuada, la protección otorgada puede variar significativamente de un Estado a otro, como demuestran los casos de California y Arizona. Mientras California optó por brindar protección a todos los casos relacionados con temas de interés público, enmendando el Código de Procedimiento Civil (Artículo 425.16), Arizona se limitó a optar por proteger exclusivamente los casos relacionados con el ejercicio del derecho de petición al Gobierno garantizado por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (la llamada Petition Clause). Más tarde, en mayo de 2022, Arizona decidió ampliar la protección amparando todos los casos relacionados con los derechos garantizados por la Primera Enmienda, incluidos los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa.
Además de Estados Unidos, el distrito de la Capital Australiana y tres de las diez provincias de Canadá (Quebec, British Columbia y Ontario) han adoptado normativas anti-SLAPP que intentan balancear el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y el derecho de acceso a la justicia, por otro.
Así, pese a la diferencia entre los distintos tipos de sistemas jurídicos, estas legislaciones pioneras se han convertido en un ejemplo a seguir para Europa.
En efecto, para hacer frente a este fenómeno que sigue expandiéndose en el territorio de la Unión Europea, el 27 de abril de este año, la Comisión Europea adoptó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») (COM/2022/177) y se adoptó además la Recomendación (UE) 2022/758 sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»).
La propuesta de Directiva apunta a definir una caja de herramientas esenciales para luchar contra procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos siempre y cuando estén relacionados con asuntos civiles y tengan implicaciones transfronterizas. La Recomendación insta los Estados miembros a recopilar datos agregados relativos a las SLAPPs, a capacitar a los profesionales del derecho –como está haciendo el proyecto europeo PATFOx liderado por FIBGAR– a promover campañas de sensibilización e información, a brindar apoyo legal gratuito para las víctimas de SLAPP, y sobre todo a adoptar marcos legales nacionales que brinden las garantías necesarias para abordar los casos nacionales de SLAPP.
Sin embargo, hoy en día, ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea cuenta con garantías específicas contra las demandas estratégicas contra la participación pública y solo tres están estudiando su introducción: Irlanda, Malta y Reino Unido.
Irlanda se encuentra en este momento en un proceso de revisión de su marco normativo en materia de difamación (Defamation Act 2009), considerado unos de los más duros de toda Europa, lo que le ha costado varias condenas por parte del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Comisión Europea, así como de las organizaciones de la sociedad civil.
Tras un largo proceso de consulta pública, en marzo de 2022, el Ministerio de Justicia emitió un informe de revisión de la Ley de Difamación de 2009, anunciando al mismo tiempo la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo anteproyecto de ley en la materia.
Entre las recomendaciones elaboradas por el Ministerio se encuentra especificadamente mencionada la necesidad de adoptar un mecanismo anti-SLAPP basado en el modelo adoptado en 2015 en la provincia canadiense de Ontario, a través del Protection of Public Participation Act, que entonces permita a la persona demandada pedir una desestimación anticipada del juicio por difamación en los casos en que establezca la falta de mérito y la contrariedad al interés publico (pg. 162- 176). Como ha sido indicado por la ministra de Justicia de Irlanda, Helen McEntee, en Mayo de 2002, la norma propuesta va más allá del ámbito de aplicación de la Directiva propuesta por la Comisión, que se limita a casos civiles con implicaciones transfronterizas.
Al respecto, debe recordarse que el gobierno de Irlanda también ha de participar en la adopción y aplicación de la Directiva propuesta por la Comisión Europea. De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda puede decidir si participar en la adopción y aplicación de la Directiva.
Por otro lado, Malta se encuentra en el punto de mira internacional a raíz del trágico caso de la periodista Daphne Caruana Galizia, asesinada por un coche bomba en 2017, después de haber recibido numerosas amenazas e innumerables demandas por difamación como consecuencia de sus investigaciones sobre relevantes casos de corrupción. En octubre, el gobierno presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley dirigidos a brindar una mayor protección a la libertad de expresión e información a través de la adopción de una serie de reformas, entre las cuales se encuentran medidas específicas destinadas a proteger a los periodistas y medios de comunicación de las demandas estratégicas contra la participación pública.
Sin embargo, las reformas propuestas han sido duramente criticadas por los expertos y por el mismo Consejo de Europa por la falta de respeto de los estándares internacionales en materia de transparencia y participación publica y por la presencia de importantes lagunas normativas.
Asimismo, el Reino Unido, que, según los datos recogidos hasta ahora, representa la principal jurisdicción elegida para llevar adelante SLAPPs transfronterizas debido a sus normas en materia de difamación, ha promovido una consulta pública cuyos resultados han sido recogidos en un informe final publicado en mayo de 2022.
Entre las varias opciones de reformas planteadas, el informe hace hincapié sobre todo en la necesidad de establecer una definición legal que ayude a identificar los casos de SLAPP y a definir la base legal para la predisposición de un marco normativo especifico, en particular con respecto a la gestión de los casos de SLAPP, a través de un mecanismo de desestimación anticipada del juicio, y de los costes procesales.
Si bien son evidentes las dificultades de legislar sobre un fenómeno tan complejo como el de las demandas estratégicas contra la participación pública, asimismo la situación actual en que nos encontramos en Europa destaca claramente por la necesidad de introducir cuanto antes mecanismos que garanticen una verdadera protección de la libertad de expresión para todos los actores del debate público, no solo los periodistas profesionales, sino también los activistas medioambientales y sociales, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los denunciantes en sentido amplio, los ciudadanos comprometidos, los sindicatos y todas las demás personas y organizaciones que se expresan públicamente sobre cuestiones con relevancia social.
