- Las principales medidas incorporadas en el Anteproyecto vienen a fortalecer los poderes de investigación de conductas restrictivas de la competencia por parte de la CNMC
- Una de las modificaciones más relevantes es la introducción del procedimiento de transacción, conocido como settlement
Recientemente se ha publicado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Defensa de la Competencia con el objetivo de transponer la Directiva ECN+. La Directiva, adoptada a finales de 2019, pretende dotar a las autoridades nacionales de competencia de la UE de los medios necesarios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. El Anteproyecto incorpora además una serie de medidas no previstas en la Directiva para reforzar la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los procedimientos sancionadores.
Las principales medidas incorporadas en el Anteproyecto vienen a fortalecer los poderes de investigación de conductas restrictivas de la competencia por parte de la CNMC. Entre otros aspectos, se prevé:
• La posibilidad de realizar entrevistas a representantes y personal de las empresas investigadas, así como a cualquier representante de otras personas jurídicas y a cualquier persona física que pueda estar en posesión de datos e información relevante para la investigación.
• Garantizar el acceso por la autoridad de competencia a información que obre en sistemas informáticos y plataformas digitales.
• Reforzar la capacidad para inspeccionar cualquier dependencia o local (aunque no sean propiedad de la empresa) en los que exista sospecha razonable de que se puedan guardar documentos relevantes para una investigación.
Otras novedades relevantes
Por otro lado, destaca la ampliación a 24 meses del plazo máximo del procedimiento sancionador, aspecto que no viene impuesto por la Directiva ECN+, pero que pretende facilitar la labor de la autoridad ante la creciente complejidad de los casos. Correlativamente, se amplían los plazos de que disponen los interesados para presentar alegaciones. También en el plano procesal, se propone extender la interrupción de la prescripción durante la revisión jurisdiccional de una resolución, lo cual, de mantenerse, tendrá importantes implicaciones para las empresas investigadas.
Una novedad relevante es el incremento del límite máximo de las multas para todas las infracciones por prácticas colusorias y abusos de posición de dominio al 10 % del volumen de negocios total a nivel mundial. Actualmente, dicho límite estaba previsto únicamente para las infracciones muy graves, aplicándose a otras conductas (por ejemplo, acuerdos verticales) un límite del 5 %. Asimismo, se incrementan a 400.000 euros las sanciones que se podrán imponer a los directivos que hubiesen participado en las conductas.
Pero, sin duda, una de las modificaciones más relevantes es la introducción del procedimiento de transacción (conocido como settlement), ya establecido a nivel europeo y en diversas jurisdicciones de la Unión, que permitirá a las empresas (y sus directivos) obtener una reducción en el importe de la sanción de hasta un 15 % si reconocen su participación en los hechos investigados y llegan a un acuerdo con la autoridad.
Programa de clemencia
Por último, el Anteproyecto también persigue incentivar la utilización del programa de clemencia, que permite eximir o reducir la sanción a aquellas empresas que, formando parte de un cártel, ponen en conocimiento de la CNMC su existencia (la primera empresa en solicitarlo recibe una exención de la sanción, mientras que las siguientes reciben reducciones que pueden llegar al 50%). En concreto, el Anteproyecto prevé un sistema de reserva de puesto o marker, mediante el cual las empresas pueden dirigirse a la CNMC antes de presentar la solicitud formal de clemencia y “reservar” su plaza por un tiempo limitado mientras recopilan la información necesaria, para no verse perjudicadas por posibles demoras en las investigaciones internas. Por otro lado, la información facilitada por los solicitantes de reducción no podrá ser tenida en cuenta para determinar la sanción que les correspondería. Con ello, se pretende otorgar mayor seguridad jurídica, reforzando un sistema que se ha demostrado muy exitoso en todo el mundo para la persecución de los cárteles.
La introducción de esta medida se produce en un momento de creciente cooperación internacional en la lucha contra los cárteles que ha llevado a la adopción por la International Competition Network de unas Directrices para mejorar la cooperación en materia de clemencia y ayudar a las autoridades de la competencia de todo el mundo a entablar relaciones con sus homólogos al gestionar solicitudes de clemencia en investigaciones transfronterizas. Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reconocido el gran valor de estas Directrices y del programa de clemencia para el desmantelamiento de cárteles transnacionales.
Tras la recepción de comentarios, el Anteproyecto de ley iniciará su tramitación parlamentaria. Se prevé que la adopción del texto definitivo se produzca a principios del año que viene, antes del vencimiento del plazo de transposición de la Directiva, previsto para el 4 de febrero de 2021.
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