En el contexto de las operaciones de inversión y adquisición empresarial, el proceso de Due Diligence constituye una fase esencial y estratégica. Su finalidad no se limita a la mera verificación documental, sino que abarca un examen riguroso y sistemático de todos los aspectos que puedan incidir jurídica y económicamente en una transacción. Este análisis es clave para que el inversor pueda adoptar una decisión informada, valorar correctamente el riesgo asumido y articular los mecanismos de protección adecuados en el contrato.
Para que la Due Diligence sea un instrumento eficaz, es indispensable que sea dirigida por un equipo multidisciplinar de asesores especializados, con experiencia contrastada en procesos de M&A, que aborde de forma integral las distintas áreas susceptibles de contener contingencias. Más aún, es fundamental que dicho equipo trabaje de manera perfectamente coordinada, ya que múltiples riesgos pueden tener naturaleza mixta -por ejemplo, una cuestión que a la vez tenga repercusiones legales, fiscales y laborales-. En este sentido, resulta altamente recomendable encomendar la totalidad del proceso a una sola firma, capaz de ofrecer una visión global y cohesionada, y evitar con ello análisis fragmentados, duplicidades o contradicciones interpretativas.
Ámbitos de revisión
Una Due Diligence jurídica rigurosa debe contemplar, como mínimo, los siguientes ámbitos de análisis:
- Legal y societario: revisando, por ejemplo, la titularidad y régimen de transmisión de las participaciones sociales o acciones, pactos parasociales, estatutos, estructura de gobierno corporativo, poderes, posibles conflictos entre socios, cumplimiento normativo y situación litigiosa activa o potencial.
- Contratos y obligaciones asumidas: análisis de los principales contratos en vigor (comerciales, financieros, arrendamientos, suministro, compra etc.), identificación de cláusulas de cambio de control, exclusividades, penalizaciones, prórrogas automáticas, o limitaciones a la transmisibilidad.
- Fiscal: revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, análisis de contingencias fiscales derivadas de operaciones anteriores, existencia de inspecciones o procedimientos en curso, y valoración de riesgos por estructuras de planificación fiscal agresiva.
- Laboral: análisis de las condiciones laborales de la plantilla, régimen de contratación, cumplimiento en materia de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales, existencia de pasivos laborales ocultos, y eventuales conflictos colectivos.
- Regulatorio: verificación del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, licencias y autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad, así como análisis de riesgos en caso de sectores especialmente regulados.
- Protección de datos: evaluación del grado de cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, tanto a nivel organizativo como contractual, incluyendo la existencia de registros de tratamiento, análisis de riesgos y medidas de seguridad implementadas.
- Propiedad intelectual e industrial: identificación de activos intangibles relevantes (marcas, patentes, know-how, software, diseños industriales), verificación de su titularidad, vigencia y uso correcto, así como su protección efectiva frente a terceros.
El papel del equipo de asesores: análisis técnico y negociación estratégica
La función del equipo de asesores no se agota en la fase de revisión documental. Una vez identificados los riesgos y contingencias, corresponde traducirlos en instrumentos jurídicos de mitigación, lo que exige intervenir directamente en la negociación y redacción del contrato de compraventa (SPA – Share Purchase Agreement o bien APA o Asset Purchase Agreement).
Por ello, es aconsejable que el mismo equipo que ha liderado la Due Diligence asuma la negociación del SPA, dado que son quienes tienen el conocimiento más profundo de los hallazgos detectados. Esta continuidad permite articular cláusulas de protección específicas tales como declaraciones y garantías, condiciones suspensivas, mecanismos de ajuste de precio, garantías abstractas, o indemnidades post-closing, adaptadas a la realidad concreta de la operación.
De este modo, el informe de Due Diligence no solo cumple una función informativa para el inversor, sino que se convierte en una herramienta jurídica fundamental para la estructuración de la operación y para la defensa de los intereses del adquirente.
La Due Diligence constituye un instrumento indispensable en el marco de cualquier transacción de inversión o adquisición, tanto por su valor preventivo como por su impacto en la configuración jurídica del contrato. Su correcta ejecución exige un análisis técnico riguroso, llevado a cabo por un equipo de asesores expertos y coordinados, preferiblemente dentro de una misma firma, que aborden los distintos ámbitos de riesgo desde una perspectiva integrada.
Además, dicho equipo debe asumir un rol proactivo en la negociación contractual, trasladando al SPA las conclusiones del análisis mediante las herramientas jurídicas idóneas para mitigar los riesgos identificados y proteger eficazmente al inversor.
En consecuencia, más que un coste adicional, la Due Diligence debe ser concebida como una inversión estratégica, sin la cual cualquier decisión de inversión podría estar sustentada en presupuestos erróneos o incompletos, con el consiguiente impacto negativo económico y reputacional.
