Práctica Jurídica

Que el fraude fiscal es un delito es algo conocido por todas las personas que nos movemos en el ambito jurídico y económico. Todos sabemos que en función del importe defraudado en impuesto y año se tipifica por el Código Penal la sanción correspondiente. Sin embargo, es bastante desconocido que el fraude fiscal es un nuevo concepto de blanqueo de capitales desde la modificación de la Ley 19/1993 con la Ley 19/2003. En ese momento se adiciona  a los conceptos ya existentes de blanqueo de capitales uno nuevo que es el fraude fiscal en aquellas operaciones que el Codigo Penal tipifique con penas de prisión superior a 3 años. Este baremo se reducirá con la transposición de la III Directiva sobre blanqueo de capitales a delitos fiscales castigados con penas de prisión superiores al año de duración.

Las autoridades han ido estableciendo ciertos controles sobre los movimientos de fondos con paraísos fiscales. La normativa de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, ya estaba exigiendo el control sobre estas operaciones desde el año 1995. Sin embargo, dichas operaciones siguen siendo muy atractivas, como también lo es fijar la residencia en uno de esos países. Por lo tanto, entendemos que el control existente a día de hoy no es suficiente y que se deberían establecer medidas más duras para evitar escándalos como el que se ha destapado recientemente en Liechtenstein.

El autor analiza las principales cuestiones prácticas que se plantean en relación a los reconocimientos fotográficos, en rueda y en el plenario, del acusado.

Con el reciente Real Decreto 12/2008 se completa el régimen jurídico de la Red de Parques Nacionales. La nueva norma asigna nuevas funciones al Consejo de la Red, regula su funcionamiento y precisa su composición, concretando la representación de las diversas asociaciones presentes en el Consejo como forma de participación pública en la Red de Parques Nacionales.

El objetivo del Plan es articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente, para lo cual se establecen una serie de medidas y se fijan objetivos concretos en algunos sectores de la contratación pública como los de construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, papel/publicacones, mobiliario, limpieza, y eventos. 

El nuevo Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aporta con su refundición mayor claridad al marco regulador y prescribe con mayor rotundidad las obligaciones derivadas de las últimas modificaciones legales impuestas por la legislación europea, como las relativas a la participación de las personas interesadas o a la necesidad de hacer pública no sólo la declaración de impacto ambiental, sino además la decisión final sobre la autorización o aprobación del proyecto.

El 1 de marzo de 2008 ha entrado en vigor para España el Convenio Europeo del Paisaje que obliga a reconocer jurídicamente a los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, a integrar el paisaje en las políticas territoriales y urbanísticas y en otras que puedan tener impacto sobre el paisaje, y a definir y aplicar políticas de protección, gestión y ordenación del paisaje, mediante la sensibilización, la educación y la formación, la identificación y calificación de los paisajes y el establecimiento de objetivos de calidad paisajística.

El Acuerdo de Londres relativo a las nuevas condiciones de validación de las Patentes Europeas, en aquellos países miembros del Convenio que hayan firmado este acuerdo, entrará en vigor el 1 de Mayo de 2008. La entrada en vigor de este acuerdo supondrá un importante ahorro en los costes de traducción a la ahora de validar las Patentes Europeas concedidas en los países que hayan firmado este Acuerdo.

La UE ha entrado a formar parte del Arreglo de la Haya para el registro internacional de diseños industriales desde enero de 2008. La incorporación permitirá a las compañías obtener la protección del diseño, no sólo en la UE a través del diseño comunitario, sino también en cualquier país miembro del Acta de Ginebra. Esto simplificará trámites, reducirá los costes para la protección internacional y facilitará la gestión registral de los diseños.